Diputados RN piden a Contraloría investigar el pago de la defensa privada por trato directo del Presidente Gabriel Boric tras la fallida compra de la casa del exmandatario Salvador Allende.
Lo anterior porque hace unos días se presentó una querella por la frustrada compraventa y uno de los que debe responder es el mandatario, debido a que a través de trato directo, el 20 de enero contrató por 350 UF (pago único de servicios de asesoría legal) al abogado Jonatan Valenzuela Saldías para que lleve adelante su defensa.
Oficio a Contraloría
Si bien todo ciudadano tiene derecho a defensa, en este caso los diputados Ximena Ossandón (jefa de bancada), Hugo Rey (subjefe), junto a Andrés Longton, José Miguel Castro, enviaron un oficio a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
La idea es “fiscalizar el correcto empleo de los recursos fiscales, así como la correcta utilización del mecanismo de adquisición de Trato Directo (…) requerida por la Presidencia de la República para la defensa judicial del Presidente de la República”.
El escrito
Los parlamentarios explican en el escrito que si bien existe el derecho de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones pueda “requerir los servicios privados y disponer su pago con recursos fiscales”, en el caso del Presidente Boric “no desempeña funciones en determinado servicio o institución, sino que ejerce la más alta dirección de la Administración”.
“Bien podría haber encomendado su defensa judicial al Consejo de Defensa del Estado, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, sin embargo, optó por la designación y contratación de un defensor particular”, indicaron.
Cuestionamientos
Los parlamentarios de derecha agregan que “el Presidente de la República tiene una calidad definida a nivel constitucional y su real dimensión es la de ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno”, por lo que no podría ser calificado como “un funcionario propiamente tal, habiendo sido disposición legal en el anterior Estatuto Administrativo la de excluirlo expresamente de tal categoría”.
