Por: Viviana Puentes Directora Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas. 

Bajo la premisa que apunta a que el cumplimiento tributario es crucial para la estabilidad económica y social de un país, el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha demostrado un notable avance en su estrategia de control desarrollada en 2023. La intensificación de las acciones de fiscalización ha sido fundamental para enfrentar el crimen organizado, el comercio ilegal y los esquemas elusivos.

El año pasado el SII logró una recaudación total de $1,3 billones, un 39,4% más que el año anterior, gracias a medidas rigurosas y colaborativas con otros organismos públicos, Carabineros y la PDI. También se potenció el uso de tecnologías avanzadas de análisis de datos, sumado a una estrategia de monitoreo focalizada en contribuyentes de comportamiento agresivo.

El bloqueo temporal de la emisión de documentos tributarios en línea y la detección de operaciones ficticias, han sido claves para evitar el uso indebido de créditos fiscales de IVA, resultando en la identificación de miles de emisores y receptores de documentos falsos. Además, la coordinación con el Ministerio Público ha fortalecido la acción judicial, logrando un 85,7% de fallos favorables.

Sin embargo, ha habido un aumento en la informalidad, especialmente en el comercio electrónico. Para enfrentar esto, se está exigiendo a los proveedores de máquinas y medios digitales de pago que verifiquen el inicio de actividades de sus clientes.

Todo este gran trabajo no ha estado exento de cuestionamientos, ya que algunas medidas adoptadas, como la autorización de facturas por el SII, pueden colisionar con los derechos que la ley consagra a los contribuyentes.

En este contexto, es fundamental que la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) se pronuncie sobre estas prácticas para asegurar que las instituciones funcionen de acuerdo con la legalidad y que los derechos de los ciudadanos sean respetados.