La madrugada de este viernes se concretó la expulsión de 45 ciudadanos extranjeros por vía judicial y administrativa, quienes salieron del país en un avión de la FACH con destino a cinco países de Sudamérica y el Caribe.

23 de las expulsiones corresponden a judiciales y 22 a expulsiones administrativas dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

El vuelo abandonó el Grupo 10 de la FACH, en Santiago, con las primeras 34 personas expulsadas, para hacer posteriormente escala en la base aérea Los Cóndores, en Iquique, donde abordaron las 11 personas restantes. Desde allí despegó con destino a Bolivia, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Haití.

Según informó la autoridad, las personas con expulsiones judiciales tenían antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo con violencia, robo con intimidación, receptación de vehículos motorizados, robo por sorpresa, robo en lugar habitado, y porte ilegal de arma.

En tanto, las expulsiones administrativas corresponden a situaciones como ingreso por pasos no habilitados, fabricación y tráfico de armas de fuego, robo con intimidación, delitos asociados a la ley 20.000, uso fraudulento de tarjetas y tener el permiso de turismo vencido.

El Sermig precisó que bajo el actual gobierno se han gestionado 10 vuelos chárter «para la expulsión de personas extranjeras que no han cumplido con las normas en nuestro país», añadiendo que, «considerando esos vuelos y otros medios de expulsión, como la terrestre, en los dos meses que llevamos de este 2024, el SERMIG junto a la PDI han materializado 178 expulsiones: 97 administrativas y 81 judiciales».

Luis Eduardo Thayer, director del Sermig, explicó que “las expulsiones de personas que tienen antecedentes y han cometido delitos es una prioridad para nuestro Servicio y forman parte del eje de seguridad de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería. Estamos focalizados en mejorar la gestión migratoria junto con aplicar las sanciones migratorias correspondientes a quienes no cumplen la ley en nuestro país».

Por su parte, el prefecto inspector Christian Sáez, jefe Nacional de la Jefatura de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, comentó que “con estas expulsiones, la PDI cumple su deber, ejecutando las resoluciones emanadas de las autoridades correspondientes, coordinando con diversos organismos a nivel nacional, para materializar estas expulsiones. Las judiciales corresponden a extranjeros que se encontraban cumpliendo condena en las ciudades de Calama, Vallenar, Iquique, Antofagasta, Rancagua y Santiago. Las administrativas son extranjeros de Santiago, Rancagua, Chillán, Vallenar, Iquique, Antofagasta, Puerto Natales, Temuco y Arica”.