Luego de conocerse la formalización, el próximo martes, del director general de la PDI, Sergio Muñoz, en el marco de las investigaciones en el Caso Hermosilla, la crisis de seguridad se agrava más en la preocupación de la ciudadanía, debido a que lo ocurrido al jefe máximo de la policía civil se suma a lo que enfrentará el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Ambas cabezas de las instituciones que tienen que combatir el crimen organizado están enfrentando la justicia y merma la credibilidad de la gente en aquellos organismos en donde radica la soberanía de la fuerza, incluso, el dicho acuñado por el expresidente Ricardo Lagos de “dejar que las instituciones funcionen” quedó en el pasado, puesto que actualmente ambas cabezas de las policías enfrentan serias dificultades en tribunales.

De esta forma, tanto Yáñez como Muñoz enfrentarán cargos por delitos que ponen en duda su continuidad en el cargo y que complican a un Gobierno ya golpeado por distintos casos de corrupción como “Democracia Viva” o el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien tenía calidad de refugiado político en Chile, a manos de desconocidos.

A pesar que el alto oficial de Carabineros enfrentará a la justicia por delitos de violaciones a los derechos humanos y Muñoz por revelar información importante en una causa decretada como secreta, ambos están en tela de juicio y ponen en peligro la “democracia” y a las instituciones que representan, porque no acogen el Estado de Derecho y pasan por alto la ley.

Incluso muchos hablan de que con estos casos que involucran a los altos mandos de ambas policías, se debieran intervenir ambas instituciones, pero la pregunta es ¿quién estaría a cargo de ese tema?, porque actualmente no se salva ninguna institución de la República que no esté salpicada con algún caso que sea cuestionable.

Para el analista político y conductor de Las Cartas Sobre La Mesa de INFOGATE, Guillermo Holzmann, ambas autoridades policiales tienen algo en común y es que se encuentran en proceso de formalización, pero los delitos que se le imputan son distintos.

“El general Yáñez está más bien en un marco de contexto político específico donde se le acusa de responsabilidad del mando en torno a un contexto de protestas y la actuación que le correspondió como jefe operativo de la fuerza. En el caso de Muñoz, el tema es distinto porque estamos hablando de delitos concretos asociados a corrupción y al no cumplimiento de guardar la reserva que su cargo le exige respecto a temas que están siendo investigados, donde tenía información privilegiada que no debiera haber revelado”, planteó.

“La fotografía de tener dos jefes policiales en situación de formalización, más aún cuando terminen siendo inocentes o no culpables, es complicado”, sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de intervenir las policías, el analista sostiene que “según la Constitución, los jefes máximos de ambas policías tienen que ser tomados de una quina en el caso de Carabineros y de los seis o siete antigüedades en el caso de la PDI, pero el caso de una intervención externa tendría que ser por la vía de una excepcionalidad y con un decreto ley o una situación de emergencia”.

Consultado por INFOGATE.CL, el senador DC, Iván Flores, dijo que lo ocurrido con Muñoz coloca al Gobierno en un “tremendo problema y es porque en medio de una crisis de seguridad como la que tenemos, no puede tener a las dos cabezas policiales en proceso de formalización”.

Mencionó que lo que debemos tener como país es que ambas policías trabajen a plenitud al servicio de la ciudadanía y “no teniendo a sus dos autoridades principales enredadas en medio de procesos judiciales”.

“Si hay una alta autoridad cuestionada, tiene que dar un paso al costado para no enredar el buen proceder de su propia institución. Creo que es lo que obliga el buen procedimiento, la buena costumbre y también la responsabilidad del mando. Si esto enreda a la institución, deben dar un paso al costado”, aseguró el parlamentario miembro de la Comisión de Seguridad del Senado.