El subsecretario Manuel Monsalve salió a explicar la demora en el ingreso a la Contraloría de los 24 decretos restantes (totalizando 25) para revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas en el marco del estallido social, como también el procedimiento que se seguirá una vez que el ente fiscalizador tome razón de los mismos.

Sobre dicha tardanza en la presentación, el subsecretario explicó que se trata de una facultad del Presidente de la República y que requiere de una revisión muy rigurosa, por lo que «el Gobierno se ha tomado el tiempo que necesita para poder ingresar los decretos a la Contraloría (…) la rigurosidad requiere tiempo».

Añadió que el Gobierno tiene que esperar que se tome de razón por parte de Contraloría, y una vez que lo haga «recién podemos notificar a las personas a las cuales se les ha revocado la pensión de gracia, y después de notificarlas podemos instruir e informar a la Tesorería General de la República para que cese el pago de las pensiones«.

Sobre la diferencia de dos pensiones en relación a anuncios iniciales por parte de autoridades de Gobierno, (en los que se habló de 21 casos correspondientes al actual gobierno y 6 al previo), Monsalve aclaró que «he leído el número de 27, pero que la información que yo dispongo es que el Presidente ha decidido revocar 25 (…) el Presidente nunca ha hablado de 27, la prensa ha hablado de 27 o se ha comentado una determinada cantidad de pensiones», insistiendo en que la información de la que dispone son de 25 pensiones revocadas.

En ese sentido, cabe recordar que el propio Mandatario habló durante su visita a la región de Los Lagos de 25 casos el pasado 30 de enero, aunque precisó en dicha ocasión que «seguramente pueden haber más. Lo vamos a comunicar a la brevedad».

Dos días antes, la ministra Tohá había adelantado en el programa Mesa Central de Canal 13 que la cifra de revocaciones sería de 25.