El ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió este lunes con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, en medio de la polémica que empaña al juez Daniel Urrutia, tras autorizar videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad a personas privadas de libertad vinculadas al Tren de Aragua.

El secretario de Estado recalcó en que dicha decisión “infringe las normas que regulan el derecho penitenciario y particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de alta seguridad”, e hizo especial hincapié en que hay razones para sostener que la decisión del juez Urrutia “es ilegal”

En ese marco sostuvo que “en esto el Ejecutivo ha sido muy enfático, las regulaciones de establecimientos de estas características, las características de las personas que están ahí y la condición procesal en la que se encuentran, exige que respecto de ellas las comunicaciones telemáticas estén completa y absolutamente restringidas, que no es lo mismo que estén restringidas sus visitas”.

Asimismo, apuntó a que el derecho de esas personas a recibir visitas “no está en discusión”, sino que dicha discusión se vincula a la “posibilidad de que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país”.