La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos, se refirió esta mañana a las peticiones de renuncia del titular de Vivienda, Carlos Montes, por parte de la oposición que lo acusa por su presunta responsabilidad en la materialización de los hechos de corrupción ligados al Caso Convenios, tras nuevos antecedentes hechos públicos al conocerse ayer las declaraciones de la exsubsecretaria Tatiana Rojas.

En este contexto, Vallejo aseguró que “si el presidente determinara que el ministro Montes no debiese seguir en su cargo, ya no lo estaría. Él sigue haciendo su trabajo, es un buen ministro que sigue desplegado en la tarea encomendada, no solo de colaborar con la investigación del Caso Convenios, sino que también en la entrega de viviendas sociales. Está siendo muy efectivo“.

Asimismo, la secretaria de Estado reiteró que “el ministro no recibió ningún informe que señalara irregularidades, delitos o algún tipo de conflicto de interés”, recalcando que, tras la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, “independiente de las especulaciones o lamentablemente también de los aprovechamientos políticos de este caso, la justicia está avanzando”.

Acusación Constitucional

Al preguntársele por una posible acusación constitucional contra Montes, la ministra reiteró que “todo lo que tuvo que hacer el Gobierno para establecer responsabilidad administrativa y política se ha hecho”.

“No permitamos que se siga utilizando políticamente esto en contextos electorales, nosotros ya hemos dicho todo lo que hay que decir. Ahora le queda actuar a la justicia”, agregó Vallejo.

A continuación, dijo la vocera de Gobierno, “el ministro Montes sigue haciendo su trabajo, es un buen ministro que sigue estando desplegado en la tarea que le ha dado el presidente”.

“Los parlamentarios tienen derecho a presentar las acusaciones constitucionales que estimen convenientes, pero otra cosa es que eso signifique que el Gobierno va a actuar bajo amenaza”, dijo.

En ese sentido, “el Gobierno sigue insistiendo y reafirma que no hay ningún argumento jurídico para sostener una acusación constitucional (…) esto es simplemente una acción política más que de sustento jurídico”.