jueves, diciembre 12, 2024

Gobierno sorprende a moros y cristianos con reajuste de más de $3 millones para ministros del Tribunal Constitucional

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El Gobierno sorprendió a oficialismo y oposición en el marco de la discusión del proyecto de Reajuste al Sector Público, al ingresar una inesperada y no negociada indicación que cambia el criterio en el que se establecen los sueldos de los ministros del Tribunal Constitucional, un tema que, según señalan en el oficialismo y la oposición, no estaba previamente conversado y que tampoco formaba parte de un acuerdo político.

Así, el Ejecutivo plantea elevar las remuneraciones para los ministros del Tribunal Constitucional de unos $ 9,3 millones brutos mensuales a $12.875.665.

Según señala el medio digital Ex-Ante, y de acuerdo a lo que explica el mismo Ejecutivo en el proyecto de reajuste al sector público, «las remuneraciones de los ministros del TC son equivalentes a la de los ministros de Estado. La idea ahora es homologar el sueldo de los integrantes del TC con los que le corresponden a los ministros de la Corte Suprema«. Ello, «considerando las particularidades de la jurisdicción entregada al Tribunal».

En el artículo 74 del proyecto, detalla el medio, se plantea que a partir del 1 de enero de 2024, los ministros del TC tendrán una remuneración equivalente a la de los funcionarios del grado II en el artículo 2 del decreto ley 3.058 de 1979.

Y de acuerdo a la página de transparencia activa del propio Tribunal Constitucional, sus ministros tienen actualmente una remuneración bruta que fluctúa entre $9.349.856 y $9.418.316.

Por ello, de aprobarse el artículo 74, el sueldo bruto de los integrantes del tribunal llegaría a $12.875.665, es decir, más de $3 millones y medios de aumento.

Pero, aun más, se establece que los ministros del TC tendrán derecho al componente base del bono de modernización establecido en el artículo 4 de la ley 19.531.

Y si la aplicación de esta indicación genera un mayor gasto fiscal, dice el proyecto, durante su primer año presupuestario de vigencia, o sea, en 2024, “se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en la partida presupuestaria del Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos de las leyes de Presupuestos del Sector Público respectivas”.

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