Diputados de la centro izquierda, del PPD, PS, DC, PR, IND Y PDG, encabezados por Raúl Soto, ingresaron una solicitud de resolución para que el Gobierno decrete Estado de Excepción Constitucional de carácter nacional focalizado en las zonas más afectadas, lo que se hace luego del ataque con granada que protagonizaron venezolanos contra una cabo de Carabineros y que se suma a la ola de secuestros, extorsiones y homicidios que vive el país.
Asimismo, proponen activar una «Operación Rastrillo«, para llevar a la justicia o expulsar extranjeros irregulares que están cometiendo delitos; y la creación de una cárcel especializada y de alta seguridad para el crimen organizado.
«Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile. Nuevas formas delictuales mucho más violentas, e importadas de otros países, están afectando la seguridad de los ciudadanos de nuestro país. Si bien el gobierno está haciendo el máximo de sus esfuerzos con todas las capacidades del Estado, y lo valoramos, todo lo que se está haciendo es insuficiente porque el Estado de Chile, más allá del gobierno de turno, estaba años atrasado, y estamos hoy día enfrentando un crimen organizado, muy sofisticado, con mucho poder de fuego y con mucho poder económico«, explicó Raúl Soto.
El parlamentario agregó que «llegó la hora de actuar, llegó la hora de ponernos los pantalones para enfrentar con decisión y librar una batalla frontal a la delincuencia y al crimen organizado«.
«La crisis de seguridad no tiene color político, acá hay parlamentarios de centro e izquierda. El enemigo está en las calles, delinquiendo y trayendo inseguridad a nuestro país. Hacemos un llamado a la unión y echar mano a todas las herramientas constitucionales y legales disponibles para poner freno a esta situación ahora. En seguridad no hay división ideológica que valga, debemos trabajar unidos. No es tiempo de diagnósticos, los diagnósticos ya están hechos, es tiempo de actuar«, mencionó.
Por su parte, Eric Aedo (DC) señaló que «una de las primeras cosas que decide el crimen organizado para instalarse en un país, es generar corrupción en la institucionalidad pública y también en la actividad privada de ese país«.
«Cuando uno mira Chile hoy día, se da cuenta que eso está sucediendo de toda forma en Chile: caso convenios, lo que pasa en los gobiernos regionales a lo largo del país, los delitos de cuello y corbata, y a eso se agrega el poder de fuego, la inteligencia, el dinero que utiliza este crimen organizado. La propuesta que estamos haciendo de un estado de excepción es para ponernos al lado de las víctimas, de los ciudadanos del país. Esto no es una pelea en contra del gobierno, esta es una pelea contra el crimen organizado«, agregó.
En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) indicó que «no solamente en la región Metropolitana, sino que en cada una de las regiones del país, cuando vemos que una carabinera se le ataca con una granada, cuando vemos que un niño de 12 años en la población norte grande de Valdivia es soldado y asesinado en plena calle, es que estamos efectivamente, enfrentando un momento que es absolutamente dramático. Cuando presentamos el proyecto de ley de legítima defensa privilegiada para carabineros, la ley Naín Retamal nos acusaron de gatillo fácil y pucha que ha servido. Muy bien que el subsecretario del Interior que ha estado desarrollando una tremenda labor, vaya a Venezuela a tratar de sacar los acuerdos internacionales para saber quiénes son cada uno de estos delincuentes, pero con estas medidas de largo plazo también requerimos medidas urgentes y de schock«.
En esa misma línea, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) manifestó que «lamentamos que la reacción del gobierno sea tarde, llegó la hora de poner mano dura. Los vecinos necesitan tranquilidad, seguridad, y un estado de excepción, porque no puede ser que en Pudahuel aparezcan dos cuerpos descuartizados, no puede ser que en Estación Central estén secuestrando personas, no puede ser que en Pudahuel o en Cerrillo se hagan portonazos con niños de cinco o seis años en sus vehículos, y que los niños aparezcan solos después. Si la Ministra del Interior, Carolina Tohá, no toma las medidas correspondientes, vendrán otras medidas que tendremos que tomar como parlamentarios«.
Finalmente, Tomás Lagomarsino (PR) aseguró que «esto no resiste más. El crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia de alto calibre se está apoderando de nuestras calles y no es que ya se apoderó. Y si no tomamos medidas reales y concretas, los más vulnerables y pobres de nuestro país, aquellos que no se pueden defender, aquellos que tienen que resguardarse después de las 8 de la noche, aquellos que no encuentran una micro después de las 9 de la noche para volver a sus hogares, van a ser los más perjudicados«.
También firmaron la iniciativa los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Tapia (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND- PPD), Carlos Bianchi (IND), Felipe Camaño (IND-DC).
