Aunque es la institución peor evaluada de la nación (Congreso)y sus contertulio están considerados como los peores de Chile, siguen siendo jueves y parte en indagatorias o fiscalizaciones auqnue a ellos ni el Papa los puede fiscalziar, pero en esta selva de locuras por control del poder, este lunes los diputados de la Comisión Investigadora sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, instancia conocida como “Caso Fundaciones” o “Caso Convenios”, aprobó su informe de conclusiones, y solo le hace un «reproche» al ministros (PS) Carlos Montes.

Cuestionamientos políticos

El informe apunta a la responsabilidad de personeros de Revolución Democrática, en casos como el de Democracia Viva en Antofagasta, y otras fundaciones a lo largo del país, relacionadas con secretarías regionales ministeriales y gobiernos regionales. En tal sentido, el texto sostiene la existencia de una práctica transversal para aprovecharse del sistema.

Respecto de casos individuales, el documento señala que si bien el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no conocía la situación que afectaba a su cartera, existe un reproche por la diligencia con la que actuó frente a los hechos ocurridos. Lo anterior porque debió fiscalizar la forma en la que subalternos y seremías llevaban a cabo los procesos.

Así se apunta también contra la ex subsecretaria de vivienda y urbanismo Tatiana Rojas, quien conocía los hechos. El informe apunta a su negligencia, al no denunciar los hechos que constituían caracteres de delito, casos que debió poner a disposición del Ministerio Público.

Lo propio respecto del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, quien tomó conocimiento de los hechos días antes de que estos salieran a la luz pública. Su omisión permite cuestionar su continuidad.

A ello se agrega su resistencia permanente de no asistir ante la Comisión Investigadora, sino hasta el pronunciamiento de Contraloría bajo amenaza de sanción.

Entre las conclusiones contenidas en el texto se menciona la necesidad de modificar el marco normativo respecto de la relación del Estado con entidades sin fines de lucro.

Al respecto se insta a avanzar en la tramitación legislativa de todos los proyectos que dicen relación con la probidad en la administración pública.

Entre otros aspectos se llama a fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad, para poner término a los controles laxos que permiten el registro de este tipo de situaciones.

Las conclusiones contenidas en este informe se pondrán además a disposición del Ministerio Público.