A propósito del discurso que dio este sábado el Presidente Gabriel Boric en la Casa América por los 50 años del golpe de Estado, trae a la memoria reciente un importante documento que elaboró el Ejército, quizás el único documento oficial en que se aborda la participación de esa institución en los hechos dprevios y post 11 de septiembre hasta nuestos días.
En febrero de 2022 el entonces comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez publicó un documento oficial del Ejército titulado: “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”. Informe que muy criticado en su momento e incluso eliminado de la web oficial del Ejército bajo el actual mando institucional, pero más allá de lo anterior, hoy ese documento cobra nueva relevancia por el tono, el mensaje y la visión que plantea dicha reflexión en el marco de los 50 años del 11 de septiembre de 1973 y que sin duda marcará la agenda política nacional. Cabe señalar que el documento estuvo disponible desde el 2 de marzo de 2022 hasta marzo de 2023, cuando fue «bajado» de la web de la institución militar.
El documento de 120 páginas plantea en su introducción:
«Uno de los aspectos centrales del ethos militar, es el respeto y servicio a las personas en su dignidad y en sus derechos, como un bien primario incluso anterior al propio Estado. Esta consideración forma parte de los principios y valores originales del Ejército, los cuales se han ido reforzando en el tiempo debido a nuevas exigencias de la sociedad o como consecuencia de los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Chile. De lo expresado, se pueden inferir las siguientes premisas básicas:
- Que el Estado de Chile tiene un rol central en la formación de los militares en materias de Derechos Humanos. Lo anterior, porque según los preceptos legales que rigen esta materia, los derechos humanos son responsabilidad del Estado y las Fuerzas Armadas forman parte de éste.
- Que el Ejército, como institución permanente de la República, se debe a Chile y a los chilenos y, no pertenece ni puede ser identificado con ningún sector político en particular, y por tanto, sus integrantes, aun cuando pueden ejercer sus derechos civiles como cualquier ciudadano, no deben tener ninguna participación política partidista.
- Que los militares, en toda circunstancia y escenario, deben siempre observar en el cumplimiento de sus actuaciones profesionales un trato digno y respetuoso con las personas, no sólo porque está ello normado en las leyes y tratados internacionales que el país ha suscrito, sino, porque es una conducta consustancial a la profesión militar».
Tanquetazo y más
En la página 43 se refiere al Tanquetazo: «La participación militar en el gobierno de la Unidad Popular ha tenido dos lecturas dentro de la institución: la primera, que le otorga un rol deliberante a las FF.AA. al colocar a los comandantes en jefe y oficiales generales dentro del gabinete de gobierno y la otra, la comprobación de la subordinación militar al poder ejecutivo y en este caso específico, para evitar la confrontación violenta producto de las huelgas y garantizar elecciones normales en marzo de 1973, para respetar la institucionalidad.
En junio de 1973, se produce el episodio que fue conocido como “Tanquetazo”, por el levantamiento del Regimiento Blindado N.° 2, unidad en la que había un descontento, en especial de sus oficiales más jóvenes, aunado a contactos con civiles del grupo de extrema derecha Patria y Libertad que incitaba a un alzamiento militar. Esta situación fue disuelta por la acción del propio general Prats y los protagonistas de este movimiento fueron acusados de sublevación y de incumplimiento de deberes militares. Otra vez, un grupo de militares era instrumentalizado por movimientos políticos que buscaban tener presencia a través de las armas. El ethos militar, había sido sobrepasado una vez más por aconteceres políticos ajenos a la institución.
Es muy importante rescatar cuál era la posición del General Prats ante los
convulsionados momentos que se vivían producto del asesinato del General
Schneider y de su confirmación en el cargo por parte del Presidente Salvador
Allende. El General Prats, difundió un documento denominado “Definición
Doctrinaria Institucional” en el cual, entre otros puntos, destaca que (…)“la
función del Ejército es exclusivamente profesional; es la misma mantenida con firmeza en el pasado, ratificada por el General Schneider en momentos críticos del acaecer nacional y confirmada taxativamente por el Comandante en Jefe infrascrito desde que asumió su cargo”.
El análisis incluye además que: «Ante la crisis imperante, el 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados invocó el involucramiento de las FF.AA. en la crisis política».
Desde el 110973
En un capítulo IV titulado: «Período 1973–1998 “Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia”, repasa algunos episodios críticos y que marcan para siempre al Ejercito:
«Uno de los episodios más condenables fue el paso del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la “Caravana de la Muerte” hasta nuestros días, hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales. La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento increíblemente indiscipulinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno, de cómo se debía proceder con el “adversario”, sostiene el documento, que agrega además: «Aparte de los crímenes de la denominada caravana de la muerte y otros que ocurrieron, el asesinato del ex Comandante en Jefe, General Carlos Prats y de su esposa, señora Sofía Cuthbert, acaecido en Buenos Aires del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución«.
Pero además, la reflexión sostiene una relevante declaración institucional en relación a los DDHH que sin duda viene a instalar una doctrina ya que es parte de un documento oficial del Ejercito, aunque ahora no esté publicado.
«Como conclusión de este análisis es inevitable señalar que, cualquiera que fueran las normas aplicables, incluso en distintas etapas, no se pueden violar derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación, y el respeto a los detenidos. Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos. También merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época. Los tribunales de justicia comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982 y del químico Eugenio Berrios en noviembre de 1992″.
Es decir el documento del entonces comandante en Jefe, general Ricardo Martínez, hoy es un documento totalmente vigente y que sin duda ayuda a la conmemoración del medio siglo de los hechos que no partieron el 11 de septtiembre, sino que ese día llegaron a su climax, pero que los problemas políticos, sociales más la correlación de fuerzas dominantes y controladoras del mundo en manos de la entonces URSS y los EEUU, forjaron los hechos no solo en Chile, sino que en gran parte de la América Latina que estaba en disputa para ellos, en ese juego perverso de poder de los imperios sucumbieron los países.
