La jornada de este martes y primera semana del año 2023 partió de nuevo mal para el Presidente Gabriel Boric y por cierto para su equipo de asesores que al parecer hacen todo a la rápida de manera amateur, pero este amateurismo no solo está en el entorno presidencial que lo hace cometer errores, sino que también en torno a sus ministros, tal como ocurrió con el vergonzoso episodio de la bandera mal puesta en una reunión bilateral entre los cancilleres de Chile y Portugal -que INFOGATE.CL informó oportunamente– y a pesar de ese «detalle» la prensa de la Cancillería chilena difundió la foto con un texto oficial develando que los detalles -como el emblema patrio estaba al revés- no les importan o a menos que el quipo de la ministra no sea chileno y aún no conozca la bandera nacional.

Pero la guinda ácida de errores vino del propio Presidente que nuevamente se enfrentó a la Corte Suprema cuestionando un procedimiento judicial y pasando a llevar la necesaria independencia de los Poderes del Estado lo que le valió una dura respuesta de los Supremos que fueron claritos en su advertencia: Atendidas las expresiones efectuadas por el Presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero del actual, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Así las cosas el propio Mandatario tuvo que salir a bajar la tensión porque de lo contrario se arriesga a una acusación constitucional por haber vulnerado la Constitución de la República.

Pero más allá de este episodio con el Poder Judicial -segundo ya que primero fue el telefonazo de Boric al presidente de la Suprema por el Fiscal Nacional- lo que se evidencia es la falta de tino, de protocolo y de experiencia para ejercer el poder presidencial, lo que le sigue generando problemas de relacionamiento con todo el espectro político y con los otros poderes del Estado.

Además, también ha habido errores de parte de los asesores que no han recurrido a escudriñar los texto -para los más antiguos- o googlear en internet -para las nuevas generaciones-, porque el último error que ha abierto un nuevo clima de confrontación fue el indulto que el mandatario otorgó a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Pero por qué esta tensión que vive el Gobierno. Lo anterior se da porque de forma inmediata, la derecha se restó de la mesa de seguridad transversal que impulsaba La Moneda para buscar medidas que frenaran la delincuencia desatada que se vive en el país, especialmente en la zona norte donde hay instaladas algunas bandas narcotraficantes muy peligrosas y que han extendido su red hacia otras partes del país.

Pero también se suman algunas críticas respecto al beneficio otorgado a Mateluna, debido a que hay voces que están argumentando que se trataría de un decreto inconstitucional, ya que de acuerdo a la Ley 18.050 sobre indultos, en su Artículo 4, letra C, dice que se denegarán las solicitudes de los condenados “cuando se tratare de delincuentes habituales o de condenados que hubieren obtenido indulto anteriormente”. Este punto podría ser un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno, ya que la oposición (UDI y RN) han anunciado acusaciones constitucionales en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por su responsabilidad en haber firmado los decretos respectivos sin haber chequeado esa información previamente.

Esto ya ocurrió anteriormente, en 2018 y bajo el mandato de Michelle Bachelet, quien también buscó indultar a Mateluna, pero su ministro de Justicia, Jaime Campos, no estuvo de acuerdo en firmar los decretos por ser inconstitucional, por lo que el nombre del exfrentista fue retirado del listado de beneficiados.

“Desde La Moneda, no del Ministerio de Justicia, me hicieron llegar un proyecto de decreto de indulto, en virtud del cual se indultaba al señor Mateluna acogiendo su petición y sosteniendo que el señor Mateluna era inocente. Pues bien, ante esa solicitud de la Presidencia yo respondí que ese decreto no lo podía firmar por dos razones: en primer lugar, porque la causal que se otorgaba era inconstitucional”, declaró Campos a El Mercurio.

Incluso el impasse con la Suprema tuvo un final no muy feliz, ya que el jefe de Estado quiso zanjar la discusión con una declaración en donde citó la Ley 19.050 haciendo referencia al tema de los indultos. Sin embargo, la ley estaba equivocada porque la que hizo referencia se refiere a normativas del tránsito y la que debió mencionar en su alocución tratando de aminorar el golpe del máximo tribunal del país era la 18.050.

Otros errores cometidos por el Gobierno -no sabemos si son del propio mandatario o de su equipo de asesores- fueron en primer lugar el de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, quien en la Cámara de Diputados dijo que un avión con personas extranjeras expulsadas en el Gobierno de Sebastián Piñera debió retornar a Chile con todos ellos abordo o sus comentarios haciendo referencia al Wallmapu -territorio mapuche- que costó diversas críticas desde Argentina.

Incluso podemos mencionar también el desaire al embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien no fue recibido por el Presidente Boric cuando correspondía hacerle entrega de sus cartas credenciales, justificándolo por la muerte de un joven palestino a manos de soldados israelíes. Tras varios días y al ver que el tema ya se estaba transformando en un problema internacional, el Ejecutivo entregó sus disculpas al gobierno israelí y el diplomático fue recibido por el mandatario cerrando el tema abierto.

Este tipo de errores son las que la ciudadanía considera como graves y eso se nota en los resultados de aprobación y rechazo en las encuestas que ha tenido su mandato ad portas de cumplirse un año de que llegó a Palacio.