Las cifras ya comienzan a demostrar las consecuencias de una práctica que perjudica a la economía digital y la vida normal de las personas. Y lejos de ser controlada, sus objetivos ya traspasan fronteras.

Aunque no se trata de un delito nuevo, el robo de cables ha ido en aumento y su impacto incide directamente en dos industrias fundamentales para el funcionamiento de la sociedad: electricidad y conectividad. 

La segunda, dependiente de la primera y a cargo de las empresas de telecomunicaciones, es la que más dolores de cabeza genera ya que supone el corte de internet y telefonía, provocando serios problemas a una población que está más digitalizada que nunca.

“Sin embargo, no solo afecta a usuarios digitales, sino que también al comercio, instituciones públicas y privadas, además de centros asistenciales y consultorios. El robo de cables hoy vive un apogeo a través de bandas organizadas y un negocio absolutamente ilegal”, explica Rodrigo Mena, country manager de SUMA Móvil Chile.

Según estadísticas de la Subtel, durante los últimos 3 años, las querellas y denuncias suman 5.700. Además, cifras de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos) que recapitula Radio Bío Bío, entre 2019 y agosto de 2022 se han presentado 9.505 querellas y denuncias asociadas al robo de cables de cobre. 

“Se trata de un problema grave ya que afecta a la infraestructura de telecomunicaciones. El robo de cables de cobre y fibra óptica trae grandes consecuencias en la disponibilidad y estabilidad de los servicios de conectividad fundamentales para el teletrabajo, la telemedicina, el comercio o clases online”, precisa Mena.

Vandalizar la brecha digital

El alto valor del cobre explica, en parte, lo rentable que se ha hecho este negocio ilegal. Por si fuera poco, quienes se ven mayormente afectados son los sectores vulnerables ya que cada corte puede dejar hasta a mil personas sin servicio.

“El sueño y compromiso de conectar todo Chile es desde ya un desafío enorme dada su extensión y zonas remotas. Pero el robo de cables empeora aún más la situación ya que afecta directamente al objetivo de reducir la brecha digital en el acceso a la conectividad”, menciona el ejecutivo.

En julio de este año, se realizó la Primera Mesa de Trabajo Robo de Cobre y Cables 2022, convocada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el objetivo de rearticular un espacio que permita la colaboración entre el Estado y el sector privado, en torno al robo de infraestructura de telecomunicaciones.

“Las telcos trabajan arduamente en el monitoreo y restauración de los servicios de los millones de clientes afectados. Sin embargo, no ha sido suficiente. Por esa razón, la mesa de trabajo permite colaborativamente a través de la organización, atacar este problema mediante soluciones tomadas en conjunto”, aclara Mena.

Un futuro inestable

Las empresas de telecomunicaciones ya están tomando medidas para atacar esta situación mediante la eliminación del cobre en los cables, apostando por la fibra óptica.

“Ciertamente, aunque se trata de delincuentes preparados y con una logística de exportación detrás, muchos no saben distinguir los cables con cobre y fibra óptica. Por esa razón, simplemente vandalizan el tendido aéreo, causando cortes que muchas veces son nocturnos y, por ende, peligrosos de restablecer”, esboza Mena.

Aunque se trata de una situación en aumento, la colaboración público-privada mediante el uso de tecnologías ha sido clave. “Sabemos que no es un camino fácil, pero confiamos en que poco a poco la situación se pueda normalizar, evitando mayor aumento de cortes e interrupciones”, sentencia Mena.

Lejos de ser una panacea, la tecnología está permitiendo alertar y restablecer la conexión con mayor rapidez y eficiencia. Sin embargo, es una situación aún en proceso y que sin lugar a dudas requiere de mayor colaboración. El robo de cables es un negocio que crece y que debe ser subsanado ya que, de lo contrario, afectará a la lucha de reducir la brecha digital de las personas.