miércoles, abril 24, 2024

Diputados RN acuden a Contraloría por legalidad de beneficios carcelarios a primos Tralcal: “A quien asesina se le debe aplicar la ley”

"Eso es lo que no entiende este Gobierno, haciendo eco de organizaciones que con ocasión de atentados incendiarios, pretenden ejercer una presión política sobre este gobierno y lamentablemente les está dando resultado”, señaló el jefe de la bancada del partido, Arturo Longton.

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Hasta la Contraloría General de la República llegaron esta mañana el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Andrés Longton, junto a Miguel Mellado y Camila Flores, para entregar un requerimiento a través del cual buscan que la entidad se pronuncie respecto de la legalidad del accionar del Consejo Técnico de Gendarmería que concluyó con el beneficio de la salida dominical y la salida trimestral en favor de José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos cumpliendo condena en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

Tal como consta en el requerimiento, los parlamentarios solicitan al ente público “pronunciarse acerca de la legalidad de la Resolución Exenta N°3925, de 29 de julio de 2020, que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias, suscrita por el Sr. Christian Arnaldo Alvear Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de Chile”.

Lo anterior, conforme a una serie de argumentos aportados por los legisladores, entre las cuales el cuestionamiento a la huelga de hambre realizada por los primos Tralcal, que con esta nueva disposición no es susceptible de consecuencias disciplinarias.

La resolución se refiere «las huelgas de hambre como una forma pacífica de protesta social, en circunstancias que la norma reglamentaria vigente para todos los chilenos las califica como falta grave a la disciplina”.

Además, en el escrito de 19 páginas, se indica que esta resolución exenta posee elementos propios de un reglamento, ante lo cual debiera dejarse sin efecto y pretender lo contrario “es jurídicamente impropio y por decirlo menos, engañoso”. También señala que vulnera la igualdad ante la ley “imponiendo diferencias que no se sustentan en un criterio de razonabilidad”. En este punto se cuestiona el trato desigual respecto de las medidas disciplinarias ante este tipo de eventos, considerando que “nuestra Carta Magna, sin perjuicio de las múltiples convenciones internacionales que imponen igualmente al Estado de Chile observar un trato igualitario y sin discriminaciones”.

En este sentido, el diputado Andrés Longton señaló que “hemos venido a representar la ilegalidad que significa la liberación de dos personas que cometieron un terrible homicidio contra dos ancianos que quemaron vivos, y de los cuales cumplieron tres años de los 18 de condena; no cumpliendo un requisito legal básico y es que hayan cumplido con un buen comportamiento, y que hayan cumplido la mitad de la pena. Es decir, no cumplieron con algo básico en nuestra sociedad que es la igualdad ante la ley, tratando de disfrazar una decisión política, de una decisión que es técnica y jurídica”.

“Lamentablemente, -continuó-, esto afecta el sentido de justicia que buscan las familias y en ese sentido le quiero preguntar a la ministra de Justicia y de Interior cómo se sentirían si quienes quemaron vivos a sus padres, los ven caminando de un día para otro en la calle , y sin haber cumplido siquiera la mitad de la pena. Da lo mismo de dónde vengamos, dan lo mismo nuestras etnias, pero a quien mata y quien asesina se le debe aplicar la ley como a cualquier ciudadano y eso es lo que no entiende este Gobierno, haciendo eco de organizaciones que con ocasión de atentados incendiarios, pretenden ejercer una presión política sobre este gobierno y lamentablemente les está dando resultado”.

Por su parte, la diputada Camila Flores agregó que “como bancada de RN tenemos las legítimas aprehensiones de que esta salida dominical y la salida trimestral, que se les ha entregado a los primos Tralcal, ha adolecido de vicios de ilegalidad (…). A nuestro entender, hay un requisito fundamental, que es el arrepentimiento, y claramente en este caso ese hecho no se ha generado, en ningún momento estos asesinos de este matrimonio de adultos mayores han pedido disculpas”.

Mientras que Miguel Mellado, representante de los parlamentarios de la macrozona sur dijo lamentar “esta decisión política del gobierno que metió mano a través de Gendarmería, porque los primos Tralcal cuando se dictaminó su sentencia, estaban prófugos durante ocho meses y fueron detenidos luego en Santiago, por lo tanto va a suceder lo mismo que Jorge Huenchullán, que fue diagnosticado con Covid, fue al Hospital de Victoria y la justicia le dijo que volviera en un día más, pero no sabemos a qué día de qué año se referían, porque todavía no lo encuentran y está en Temucuicui donde nadie puede entrar. O como Facundo Jones Huala que también lo soltaron y ahora debe estar en Argentina. Entonces va a suceder lo mismo con los primos Tralcal, porque ya hay antecedentes… A quienes vivimos en La Araucanía nos da una pena tremenda con lo que se está haciendo con el término del Estado de Excepción y con estas señales de dejar libres a estos asesinos, porque nos están diciendo de que el gobierno está con los victimarios y no está con las víctimas de la región de La Araucanía”.

Finalmente, los parlamentarios piden en el escrito al Contralor que “fiscalice y vele por la preeminencia del principio de legalidad, requiriendo la información necesaria tanto del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, del Director Regional de la Araucanía de Gendarmería de Chile, del Director del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, de los integrantes del Consejo Técnico de Gendarmería respectivo, así como de otras personas que estime conveniente, en relación a la legalidad de la Resolución Exenta N°3925; así como de la legalidad del accionar del Consejo Técnico de Gendarmería en relación con el procedimiento y la resolución que concluyó con el beneficio de salida dominical y salida trimestral en favor de José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel,en consideración de los antecedentes precedentemente planteados”.

Otras acciones

Cabe señalar que este requerimiento es una de las tres gestiones impulsadas en la bancada de 25 diputados. Las otras dos son un oficio al Director de Gendarmería, para que se pronuncie sobre la medida y una solicitud al presidente de la Cámara para realizar una sesión especial para analizar esta problemática.

Fue así que los parlamentarios, liderados por el diputado Longton, junto a sus pares por la Macrozona Sur, Jorge Rathgeb, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán, Miguel Mellado, Diego Schalper y Francesca Muñoz, oficiaron al Director Nacional de Gendarmería de Chile, Christian Alveal para que emita un pronunciamiento razonado que permita justificar la medida adoptada por el Consejo Técnico de la institución de otorgar el beneficio de salida dominical y trimestral a los condenados por el crimen del matrimonio Luschinger Mackay, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, tras posponer una huelga de hambre iniciada el pasado 2 de marzo en el Centro de Educación y Trabajo de la localidad de Victoria, donde actualmente cumplen su condena.

En ese contexto, además solicitaron el expediente administrativo completo de ambos condenados, donde conste el avance del proceso de reinserción, así como la resolución final que concedió tal beneficio.

En paralelo, los parlamentarios solicitaron se cite a una sesión especial para el próximo martes 29 de marzo o en otra fecha, para discutir la postura y estrategia del Gobierno ante la persecución penal y la ejecución de condenas por parte de protagonistas de graves hechos de violencia y criminalidad que han afectado a la Macrozona Sur, así como a otros puntos del país.

“Al mismo tiempo, expresar la preocupación de los suscritos por el carácter de impunidad que estas decisiones reflejan hacia la ciudadanía, considerando en ellas a las víctimas directas e indirectas de hechos tan graves como los que se mencionan”, indica la solicitud enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto.

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