La Lista del Pueblo acordó este fin de semana competir en las elecciones presidenciales y parlamentarias sin ningún tipo de acuerdo con las restantes tiendas políticas, y sin constituirse ellos mismos como partido político.
«Hemos decidido recuperar todos los espacios políticos para el pueblo en las elecciones parlamentarias, de consejeros regionales y presidenciales, sin alianzas, vínculos ni pactos con partidos políticos tradicionales», señalaron en uno de sus principales acuerdos.
De esta forma, el movimiento de independientes surgido a raíz de las protestas del estallido social, decidió que si bien competirán en las próximas elecciones, no lo harán de la manera tradicional.
El movimiento ha cobrado inusitada fuerza en el fragmentado escenario político nacional actual tras los resultados obtenidos en los comicios del pasado 15 y 16 de mayo, donde el logró 27 de los 155 escaños de la Convención Constitucional.
Independencia absoluta
Así, dieron a conocer que «mantendremos nuestra independencia absoluta del poder constituido. No seremos partido político, ni siquiera instrumental, para disputar cargos de representación pública. Esto plantea desafíos nuevos de organización, que estamos dispuestos a enfrentar de manera colaborativa, descentralizada, paritaria e inclusiva».
En este contexto emplazaron al gobierno y al Congreso a «emparejar la cancha», permitiendo la competencia de listas de independientes «en las mismas condiciones que los partidos políticos«, y garantizando paridad e inclusión de los pueblos originarios, es decir, replicando la fórmula empleada en la elección de constituyentes.
De cara al trabajo que comenzará en las próximas semanas la Convención, la «Lista del Pueblo» entregó su «respaldo absoluto» a sus representantes, que en las últimas semanas han sido objeto de cuestionamientos tras la carta suscrita por parte de ellos en la que, entre otras cosas, se llamaba a modificar la norma de dos tercios para la toma de decisiones al interior de la convención.
Frente al proceso que vivirá la convención desde el movimiento llamaron a la ciudadanía a ser parte de asambleas locales para «llevar las demandas sociales y mandatos» al organismo que redactará la nueva carta magna.
Finalmente, insistieron en exigir «la libertad de los presos de la revuelta, el fin del Estado Policial y el juicio y castigo a los responsables de las violaciones a DD.HH», haciendo hincapié en que «para escribir una Constitución en democracia y bajo un Estado de Derecho, es inaceptable que las condiciones que rodean el proceso sean las mismas que vivimos en dictadura«.
