Donde el Gobierno no parece dar pie con bola ha sido tanto en la discusión en torno al retiro del proyecto del 10%, y en la puesta en marcha del Bono Clase Media, este último rodeado de críticas por su retrasada puesta en marcha el sábado, el excesiva focalización que dejó afuera a muchos receptores del mismo beneficio el año pasado, y la deficiente comunicación hacia el público.

El descontento no parece ser la mejor de las recetas ante un beneficio en el que el Ejecutivo había puesto un importante capital, destinado a contrapesar la ofensiva del Congreso para sacar adelante el proyecto del tercer retiro de los fondos desde las AFP, siempre con la altamente impopular amenaza de llevar al Tribunal Constitucional la iniciativa en caso que termine sorteando la discusión parlamentaria.

Pero los choques en torno a esta iniciativa y el «patinazo» sufrido por el Bono Clase Media parecen haber llegado a las discusiones al interior del Comité Político, como dejaron entrever fuentes al interior de La Moneda, que señalaron que la reunión de este lunes en la mañana, sin llegar a enfrentamiento directo, si estuvo marcada por la tensión.

Y es que algunos ministros son derechamente partidarios de que el Ejecutivo renuncie a concurrir al TC para disminuir la presión sobre el Gobierno y su programa de ayudas sociales, que recibe fuego graneado desde el oficialismo y la oposición, sin dejar de lado a la ciudadanía y las mipymes.

Serían justamente los ministros con más «calle» -Rodrigo Delgado, de Interior, y Karla Rubilar, de Desarrollo Social-, los que impulsarían la idea de que el Presidente renuncie a su anunciada concurrencia al Tribunal, pero también en mejorar y dar mayor orden a los programas de ayuda, bajo la percepción de que no están llegando efectivamente a muchos grupos.

Por otra parte, esta posición se ve también desde la perspectiva de que es cada vez más difícil salir a dar explicaciones ante cada medida deficientemente implementada y comunicada. Y quien ha pagado muchos de los «platos rotos» en este escenario, según señalan en los pasillos de Palacio, ha sido la ministra Rubilar, quien se ha visto obligada a salir a explicar una y otra vez los sucesivos errores y carencias de las medidas de apoyo social de los últimos meses, poniendo en juego su cada vez más menguado capital político.

De hecho, esta mañana, en una entrevista con el noticiario matinal de TVN, explicaba que «puede darse donde efectivamente haya personas que dentro del diseño que teníamos del bono de clase media no estén calificando y que realmente lo necesiten», reconociendo que para estos casos y las alrededor de 200 mil apelaciones de personas rechazadas en su postulación al Bono Clase Media «si efectivamente no calzaran en ninguna, el Presidente nos ha mandatado crear un herramienta que permita proteger a esas personas. Ese trabajo lo estamos haciendo, se lo vamos a presentar al Presidente y esperamos tener respuesta luego».

Parte de este trabajo se reflejó en el anuncio presidencial en torno al IFE (sacado rápida y mágicamente del sombrero para bajar el tono de las críticas por el Bono Clase Media y el proyecto del 10%), pero otra parte aún está en veremos, más aún considerando que la única solución del Mandatario para quienes no calificaron al Bono Clase Media fue señalar este lunes que «las personas que han tenido dificultades podrán apelar para obtener este bono, el que se empezará a pagar el viernes 30 de abril».

Consuelo pobre para un segmento que, desde el propio gabinete advierten al jefe de Estado, están dejando atrás debido, nuevamente, a la excesiva focalización, cruzada en la que pareciera estar nuevamente detrás las asesorías del Segundo Piso de La Moneda.

«Estamos conscientes que aún hay personas y familias que no han recibido los beneficios que necesitan. Estamos trabajando intensamente para poder incorporarlos a la Red de Protección Social», cerró el Presidente en este punto, escoltado por los ministros de un Comité Político que pareciera estar progresivamente disconforme con la inflexibilidad y ausencia de proactividad en medio de la crisis, que está alejando cada vez más incluso a núcleo creciente de parlamentarios oficialistas, entorpeciendo así el trabajo legislativo del gabinete y fracasando en solucionar las necesidades de la ciudadanía.