A pocas semana de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su fallo por la demanda marítima boliviana, en la que busca que Chile se siente a negociar una salida al mar para el vecino país, los ex embajadores José Rodríguez Elizondo, Gabriel Gaspar Tapia, Eduardo Rodríguez Guarachi y el ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer, vuelven a plantear la urgencia de que Chile se retire del cuestionado Pacto de Bogotá, por cuya adhesión le han significado dos juicio a nuestro país, y -según ellos- Bolivia no cesará en sus aspiraciones territoriales sea cual sea el resultado del fallo del 1 de octubre: «En el caso del conflicto con Bolivia, el verdadero problema no es el juicio en La Haya. Este es un síntoma. El gran desafío es una apetencia territorial de dicho país en perjuicio de Chile. Para alcanzarla utiliza todos los medios a su alcance, entre ellos la demanda, y persistirá en su propósito, cualquiera sea el tenor del fallo», sostienen, en su misiva publicada este domingo.
«Por ser un tema de interés nacional indiscutido, nos alegra que se esté produciendo un debate serio sobre el Pacto de Bogotá. Ante conflictos concretos, reducirse a la sola lógica legalista es negarse a asumir ideas diversas y soslayar factores tan principales de las relaciones internacionales como la experiencia histórica, el análisis político, la profesionalidad diplomática, la geoeconomía y la perspectiva estratégica. Es bloquearse al estudio de la realidad.
Perseverar en esa actitud reduccionista nos aleja cada vez más de las doctrinas de las escuelas diplomáticas desarrolladas, para las cuales, eventualmente, la audacia puede ser la verdadera prudencia. La diplomacia vaticana suele aplicar ese criterio: «La prudencia es una virtud del gobierno; la audacia también». Talleyrand, maestro del pragmatismo diplomático, enseñaba que en materia de conflictos, «aun el derecho más legítimo puede ser discutible».
Dicho reduccionismo ha sido denunciado por nuestros historiadores. Para Francisco A. Encina, Chile produce un fenómeno exótico: «El traspaso de la mentalidad jurídica propia a los pueblos extraños con que entra en relaciones». Mario Barros, en su obra «Historia Diplomática de Chile», describe esto como una «esclavitud jurídica», base de una «espantosa falta de imaginación».
En el caso del conflicto con Bolivia, el verdadero problema no es el juicio en La Haya. Este es un síntoma. El gran desafío es una apetencia territorial de dicho país en perjuicio de Chile. Para alcanzarla utiliza todos los medios a su alcance, entre ellos la demanda, y persistirá en su propósito, cualquiera sea el tenor del fallo.
Sobre esa base, en todas nuestras publicaciones hemos enfatizado que se trata de un conflicto de poder -es decir, básicamente político- por estar en juego la soberanía. A mayor abundamiento, el gobierno boliviano lo ha politizado al extremo. No considerarlo es soslayar: a) que se nos está aplicando en formato judicial ese recuperacionismo territorial que algunos desestiman por sernos «inoponible»; b) que el Presidente Evo Morales lo ha proclamado sin tapujos en La Haya y uno de sus cancilleres incluso invocó la ordalía de la sangre, y c) que los jueces de la Corte asumieron como legítima la demanda boliviana, en una decisión que la doctrina comparada tipifica como «desviación del poder».
Sería ingenuo, entonces, pensar que el gobierno boliviano renunciará a su estrategia después del inminente fallo de la Corte. Estamos ante un desafío para largo, que incluso pudiera llegar a involucrar a otros países. La idea de anunciar, en el momento oportuno, el retiro del Pacto de Bogotá, es adelantarse a posibles escenarios más complejos, recuperando la plenitud de la facultad nacional para resguardar nuestra soberanía.
Cabe agregar que a partir del rechazo de la Corte a nuestras excepciones preliminares de competencia, la necesidad de desvincularnos del Pacto fue asumida por la opinión pública ilustrada y su debate fue legitimado por la Cancillería. Esto choca contra la posición del juridicismo a ultranza, para cuyos defensores el retiro siempre será inoportuno.
En definitiva, sin renunciar a las razones del Derecho, pretendemos que Chile pase de los tiempos judiciales a los tiempos de la diplomacia profesional, asumiendo la necesaria capacidad de viraje de nuestra política exterior, aumentando así las opciones del Jefe de Estado. Renunciar a esta opción, bajo el pretexto de la «oportunidad», es ignorar la importancia de las señales en política internacional y mutilar a priori las opciones defensivas de nuestro país.
Reiteramos, por tanto, que el interés nacional se defiende con «todos los recursos legítimos del poder» y con «total apego a la Carta de la ONU». En esto no hay amenaza alguna, no hay estridencia nacionalista ni menos una actitud temeraria.
El problema real es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni hay mayor obstáculo para los intereses nacionales que los que no se atreven a innovar cuando las circunstancias lo exigen», remata nlos ex embajadores José Rodríguez Elizondo, Gabriel Gaspar Tapia, Eduardo Rodríguez Guarachi y el ex comadante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer
