Este jueves, el analista decé Genaro Arriagada, aborda -en una carta- la crisis de Carabineros y advierte sobre los riesgos y a enorme fuerza de la policía uniformada.
Para partir por lo sobradamente dicho, los escándalos que hoy sacuden a Carabineros han provocado, al menos, un doble consenso. El primero, la gravedad de lo acontecido tanto con el fraude como con la operación «Huracán» y, tememos, con lo que está por venir. El segundo, la inaceptable actitud del Gobierno que acaba de terminar, de mantener en su cargo al general director contra todo principio de responsabilidad de mando. Ciertamente, la aceptación por el Presidente Piñera de la renuncia de Villalobos es una medida acertada, que viene a rectificar esto último. Pero más allá de esto, hay que llamar la atención sobre dos asuntos en que se ha reparado poco y que son decisivos para la suerte de la institución, ahora y en el largo plazo.
El primero de ellos es la enorme dimensión de Carabineros. Para graficarla en un hecho: su personal es mayor que la suma de las dotaciones regulares (sin la conscripción) del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es una burocracia que ha cobrado una dimensión elefantiásica y que, además, se extiende a una gran diversidad de tareas, que van desde el cuidado de fronteras, vigilancia de carreteras, funciones de inteligencia, investigación de delitos e identificación de culpables, tareas de disuasión como son las fuerzas especiales, además de una de las más complejas y extendidas redes de servicios para sus miembros, que van desde hospitales y mutuales, hasta clubes, flota aérea, casinos.
¿Puede ser manejada, de modo eficiente, una organización de estas dimensiones y altamente centralizada? Creo que no. Este gigantismo tiene el riesgo de ir matando a la propia institución, condenándola -así fuera una empresa privada o el mejor servicio civil público- a caer una u otra vez en casos de corrupción, a la que rondará la amenaza de la ineficiencia, la mala asignación de recursos y el derroche. Riesgos que se incrementan en una cultura organizacional caracterizada por la extrema verticalidad y obediencia, lo que facilita el encubrimiento, la impunidad, el castigo de los denunciantes o la calificación de traidores a las personas de la institución que denuncian irregularidades que puedan comprometer a sus mandos.
El segundo hecho fundamental es el control de Carabineros. Desde los tiempos de Platón, cuatro y medio siglos antes de Cristo, el gran problema de las policías -de todas ellas a través de la historia- es el control. Platón en «La República» dice que no habría cosa más funesta y vergonzosa que los pastores permitieran que sus perros, guardianes de sus rebaños, atacaran a aquellos que debían proteger y parecer, de este modo, lobos y no perros.
Una policía eficaz es esencial para la vida de los ciudadanos; pero carente de control es peligrosa para la democracia, el Estado de Derecho y la propia estabilidad de los gobiernos. Una policía de decenas de miles de miembros, que anualmente recibe del gasto público no menos de US$ 1.500 millones, debe estar bajo un control muy estricto de la autoridad política civil legítima. Dotada de autonomía puede «plantar» pruebas en civiles -incluso en compañeros de armas- para inculparlos de delitos, arruinar sus carreras y prestigios. Puede utilizar los propios recursos represivos, que la comunidad pone en sus manos (recordemos, incluidas tanquetas), para impedir actuaciones judiciales. Ajena a control puede debilitar un gobierno, ya sea con una sobrerreacción represiva o, también, mediante una muy débil reacción, que deje la calle o zonas enteras a merced de fuerzas antisistema. Carente de un control externo se hace difícil, o casi imposible, evaluar, por un ente que no sean ellos mismos, su desempeño y el resultado del uso de su personal y recursos.
Se sabe, y desde hace tiempo, que el Estado está pobremente organizado para ejercer un control efectivo de Carabineros, y por otra parte, que en la institución está presente una cultura que fomenta y facilita la opacidad, definiendo como un logro el tener la mayor autonomía.
Obviamente, la mezcla de gigantismo y falta de control -cualquiera sea la organización de que se trate- es un terreno abonado para que prospere la corrupción. Sin querer minimizar lo acertado de la medida adoptada el lunes por el Gobierno, es claro que estamos ante un problema que va mucho más allá de un cambio de personas, remata Arriagada.
