En el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió de manos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos y de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, el Primer Plan Nacional de DD.HH. 2018-2021, que se empezará a implementar el 2 de enero de 2018 y cuenta con más de 500 acciones priorizadas a partir de los puntos focales cada Ministerio, recomendaciones del INDH y de organismos del sistema interamericano y mundial en la materia.
El Plan está contemplado en la ley 20.885 que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y tendrá una vigencia de cuatro años. Es la herramienta sobre la cual se construirá un proceso intersectorial de seguimiento y profundización de las acciones priorizadas sectorialmente y cuyo avance coordinará la Subsecretaría. Fue aprobado por el Comité Interministerial el 26 de octubre de 2017 y, luego, por la Mandataria a través de un decreto supremo del mes de diciembre.
La máxima autoridad del país destacó que “las materias que aborda este Plan Nacional son diversas, pero comparten una característica, y es que todas ellas son necesarias para asegurar en Chile una cultura de respeto, garantías, inclusión y protección para cada persona”.
En esta línea, detalló que incluye “tareas como la promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad, especialmente los cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. También la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos, para que las nuevas generaciones conozcan su pasado. Pero también incorpora otros objetivos, igualmente esenciales, como la promoción de la no discriminación arbitraria de ningún grupo o persona por motivos de género, edad, pertenencia cultural, identidad de género o diversidad sexual, o discapacidad”.
La Gobernante enfatizó que esto conlleva un compromiso con la educación y formación en derechos humanos en la enseñanza parvularia, básica, media y superior, y también en los programas de capacitación, formación y perfeccionamiento, para lo cual invitó a trabajar en esta dirección a todas las autoridades y funcionarios de los órganos del Estado, incluido el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y las municipalidades. “Una tarea impostergable es hacer del respeto a los derechos humanos una realidad transversal, sobre la cual es posible fundar todas nuestras interacciones, tanto personales como sociales”, afirmó.
Los principales contenidos del Plan se organizan en torno a objetivos que tienen asociadas metas específicas, con responsables, recursos financieros disponibles. Respecto de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y de la preservación de la memoria histórica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promoverá la creación de una Comisión Calificadora Permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Dictadura, ejecutará un Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de Detenidos Desaparecidos, y creará un Registro Nacional de Víctimas calificadas de violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos en dictadura, con el fin de facilitar su reconocimiento y reparación; el Defensa estudiará las alternativas para, considerando que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, dejar sin efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad; y Salud evaluará y adecuará el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) para las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género impulsará la tramitación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; Salud dará seguimiento epidemiológico a las mujeres que viven violencia, capacitando a los equipos de salud involucrados e implementando de manera integral el Programa de Prevención del Femicidio; Educación difundirá un manual que ayude a elaborar protocolos contra el acoso sexual en la educación superior y en los establecimientos educacionales; y el Ministerio Público buscará mejorar el abordaje de las manifestaciones de la violencia de género en el ámbito penal.
Para las personas migrantes y refugiadas, Educación desarrollará estrategias de inclusión de estudiantes extranjeros, como la incorporación de facilitadores lingüísticos donde sea necesario; y SENCE ofrecerá cursos y programas de becas laborales enfocados en población migrante.
La Jefa de Estado destacó que “tan valioso como el Plan en sí mismo, es el modo en que se elaboró, en un amplio diálogo entre los diferentes sectores y, sobre todo, incorporando quince diálogos regionales que involucraron a la sociedad civil y también involucraron a los pueblos indígenas. Porque tenemos la convicción de que escuchar a los ciudadanos hoy es un deber general del Estado, en cualquier campo de las políticas públicas, pero en materia de derechos humanos ello es aún más central, en virtud del rol histórico que en este ámbito han cumplido y cumplen las organizaciones de la sociedad civil. Sin ellas, no hubiésemos llegado donde nos encontramos hoy”.
Finalmente, la Presidenta Bachelet señaló que en un contexto de crisis de los refugiados y en que aumentan los reportes de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y un dramático aumento de la práctica de la tortura “la acción y la determinación son más importantes que nunca, entonces es una alegría y un orgullo constatar que nuestra patria, a partir de las traumáticas experiencias de su pasado, pueda decir, al finalizar mi Gobierno, que no sólo hemos trabajado por ampliar los derechos individuales y sociales de todos los hijos e hijas de la patria, sino que ha sido capaz también de construir una institucionalidad de los derechos humanos que compromete al conjunto del Estado”.
