El juez federal Julián Ercolini embargó dos hoteles y otras propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, accediendo a un pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el marco de la causa Hotesur, que investiga presuntos lavados de activos.

Los bienes, entre los cuales cuentan los hoteles Alto Calafate y La Aldea, integraban la herencia del fallecido ex presidente Néstor Kirchner así como como la parte de esa sucesión cedida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a sus hijos en marzo pasado.

La medida incluyó 16 inmuebles, un vehículo y la participación societaria por 13,7 millones de pesos en tres empresas -Los Sauces, Hotesur y Coma SA-, que según los fiscales integrarían el mismo entramado societario bajo la lupa judicial.

«Todo su patrimonio (dinero, acciones, inmuebles y automotores) es propiedad de sus hijos», habían señalado los fiscales en referencia a las propiedades cedidas por la ex mandataria en favor de Máximo y Florencia Kirchner.

La inhibición de bienes de los hijos del matrimonio presidencial se suma al embargo por 10.000 millones de pesos que a comienzos de semana dictó el mismo Ercolini contra Cristina Kirchner.

Lo hizo en en el marco de otra causa en la que la procesó como parte de una «asociación ilícita» para favorecer con obra vial a Lázaro Báez que habría actuado durante los doce años de administración kirchnerista.

En su solicitud del pasado 19 de diciembre, los fiscales requirieron el embargo preventivo de los hoteles Alto Calafate y La Aldea, pertenecientes a Hotesur S.A. y la inmobiliaria Los Sauces S.A. respectivamente.

Allí indicaron que «la titularidad de los terrenos en los que se emplazan ambos establecimientos turísticos es detentada respectivamente por las sociedades Hotesur y Los Sauces, cuyas participaciones accionarias conformaban el acervo hereditario de Néstor Kirchner y hoy pertenecen —en virtud de la cesión de derechos aludida— a Máximo y Florencia Kirchner».

«En rigor, no se encuentran incluidos en el requerimiento formulado por esta parte que abarcaba únicamente las acciones de estas empresas y no así su patrimonio», en relación al embargo solicitado a fines de noviembre pasado por Pollicita e Ignacio Mahiques en el marco del expediente que tramita en el juzgado de Ercolini, sobre los bienes del patrimonio de Florencia y Máximo Kirchner.

El embargo se sustenta en la investigación de maniobras de «lavado de activos» en la causa Hotesur y a su vez, sobre el origen de los fondos con los que se adquirieron dichos bienes, mencionando los vínculos comerciales con Lázaro Báez, que mientras ganaba contratos viales administró hoteles de la familia Kirchner.

Para Pollicita y Mahiques existen «sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia», de modo que el embargo preventivo permitirá «resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados».