El proyecto de reforma de la Constitución francesa suscita reticencias en las filas de la mayoría socialista del Presidente François Hollande. Varios diputados oficialistas se oponen a la posibilidad de retirar la nacionalidad a los franceses binacionales condenados por terrorismo. La extrema derecha, en cambio, se felicita por esta medida.

La propuesta de revisar la Constitución francesa siembra la discordia en las filas de la mayoría socialista. Tras los atentados de París que, el 13 de noviembre pasado, costaron la vida a 130 civiles, el Presidente François Hollande sorprendió a la clase política con una medida que, hasta ahora, era defendida por la extrema derecha. El ejecutivo ha enviado a los parlamentarios un proyecto de ley que prevé inscribir en la Carta Magna el estado de emergencia así como la posibilidad de retirar la nacionalidad francesa a los binacionales nacidos franceses y condenados por terrorismo, para luego expulsarlos del territorio.

Esta última propuesta endurecería la ley actual que solo permite retirar la nacionalidad a los binacionales nacidos extranjeros. De ser adoptada, la medida haría posible, en caso de condena por terrorismo, el retiro de nacionalidad a más de 3 millones de franceses binacionales que nacieron en Francia o que poseen la nacionalidad porque son hijos de franceses.

«Estado de guerra»
El primer ministro Manuel Valls justificó la propuesta por “el estado de guerra” que vive Francia desde los atentados y precisó que esta medida es ante todo “simbólica”. Dos argumentos que no convencen a los detractores de la propuesta.

El ex juez antiterrorista Marc Trévidic fustiga esta medida que considera ineficaz. “No se exporta a los terroristas. ¿Qué pasaría si Argelia o Estados Unidos enviaran a Francia individuos después de retirarles su nacionalidad? ¿Los aceptaríamos?”, pregunta. “En realidad, es mucho ruido para nada y hay un riesgo de fabricar apátridas”.

Las críticas más enérgicas han surgido en las propias filas de la mayoría parlamentaria. “Esta medida no tendrá ningún efecto en materia de lucha contra el terrorismo. Ningún kamikaze o terrorista a punto de cometer un crimen se sentirá impedido ante cualquier amenaza de privación de la nacionalidad”, denunció Christian Paul, representante del ala izquierda de la bancada socialista. Al igual que otras figuras del partido, como la alcalde de París Anne Hidalgo, Paul se opone a una medida “antirrepublicana” que “se dirige a millones de franceses que son binacionales y que viven como una humillación el hecho de que se vayan a incluir en nuestra constitución, dos categorías de franceses, algunos de segunda clase”.

Uso masivo durante el régimen fascista
Para muchos detractores, como la ex ministra ecologista Cécile Duflot, el retiro de nacionalidad es una medida que lleva el sello del fascismo. En una entrevista con el diario Le Figaro, el historiador Patrick Weil, profesor en la Universidad Paris 1 Sorbona, recuerda que sólo el régimen de Vichy (dirigido por el mariscal Pétain entre 1940 y 1944 y que colaboró con los nazis) recurrió a tal herramienta legislativa de manera masiva. “Se retiró la nacionalidad a 15.000 personas. Los primeros blancos fueron los judíos: 7000 judíos de origen extranjero perdieron la nacionalidad francesa. Los demás eran delincuentes”.

Los principales responsables del partido conservador Les Républicains (ex UMP, dirigido por Nicolas Sarkozy), así como la ultra derecha del Front National (FN) aplauden la medida. En un mensaje en la red social Twitter, la presidenta del Front National, Marine Le Pen, escribió: “Retirada de nacionalidad: primer efecto de los 6,8 millones de voces para el Frente Nacional en las elecciones regionales”, aludiendo a los comicios de diciembre, donde su partido alcanzó un resultado récord.

La revisión constitucional en Francia será debatida a partir de febrero y, para ser efectiva, necesitará la aprobación de tres quintos de los diputados y senadores reunidos en congreso.