jueves, febrero 22, 2024

En busca de recuperar confianza ciudadana Senado despacha proyecto que sanciona con pérdida del cargo a autoridades que infrinjan normas de transparencia

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Un nuevo avance en la Agenda de Probidad se concretó este martes en la Sala del Senado. Esto, porque finalmente se aprobó y quedó despachado el proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales (Cores) y concejales que infrinjan las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, señaló que “estamos avanzando en un nuevo marco de reglas que nos ayudan a fortalecer la democracia, tomando medidas severas para recuperar la confianza de la ciudadanía”.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara la semana pasada, viene a materializar el compromiso del Gobierno por avanzar en la Agenda de Probidad y Transparencia, que cuenta con 21 proyectos de ley en total, de los cuales 12 han sido priorizados para cambiarle el rostro a la política y mejorar los estándares con que se desarrolla la actividad pública.

Autoridades podrán quedar inhabilitados hasta por dos periodos.

Senadores aprobaron proyecto que sanciona con pérdida del cargo a autoridades que infrinjan normas de transparencia.
Senadores aprobaron proyecto que sanciona con pérdida del cargo a autoridades que infrinjan normas de transparencia.

Los castigos al que se exponen los infractores:
Será el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) quién conocerá, investigará y sancionará las infracciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servel.

Las autoridades que pierdan su escaño quedarán inhabilitadas para optar a cargos de representación popular en los dos procesos eleccionarios siguientes a la sanción de cesación y para optar a un cargo o función pública dentro de los tres años posteriores a dicha sentencia.

Con la aprobación de esta reforma constitucional se fortalece la institucionalidad democrática, a través de sanciones que inhiben a representantes electos a realizar acciones que atenten contra la probidad, todo esto repercutirá en una mayor legitimidad de las autoridades.

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