"Hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que comprendían supuestas conversaciones que inculpaban a las personas que tenían calidad de imputados pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no correspondían ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos", sostuvo el persecutor Cristián Paredes.
La unidad especial de la Fiscalía neuquina estableció también que está probada la participación de organizaciones de origen chileno en la fabricación de los dispositivos incendiarios, entre las que aparece la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), así como militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
La Segunda Sala del máximo tribunal del país, de forma unánime, habría acogido el recurso de amparo que presentó la defensa de los imputados, argumentando para ello la no existencia de pruebas en contra de sus clientes.
"Uno no puede homologar la realidad de Colombia a la realidad de Chile, porque estamos lejos de tener los grados de inseguridad, de violencia. Chile no tiene terrorismo. Lo que eventualmente se tipifica como conductas terroristas son hechos violentos particulares", explicó.
El grupo de personas está exigiendo la rebaja de las medidas cautelares de prisión preventiva que afecta a los comuneros, quienes están imputados por la justicia por ataques incendiarios registrados en la región de La Araucanía.
Es extraña la fijación de Bolivia con la reclamación territorial con Chile, siendo que con Argentina ha perdido 420.758 KM2. y con Perú más de 250 mil.