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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur con sede en Santiago, Amerigo Incalcaterra, lamentó la decisión del presidente de la República del Perú mediante un comunicado: "No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación”.

“Indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de como avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años no merece morir en la cárcel, independiente de los delitos horribles que haya cometido”, escribió Kast en su cuenta en la red social.

"En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo (Kuczynski) en el poder", escribió director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en su cuenta en Twitter

Ante la aparición espontánea de manifestantes, los policías hicieron uso de bombas lacrimógenas para dispersarlos mientras gritaban en contra la liberación de Fujimori y avanzaban hacia la vivienda de PPK.

La presidencia de Perú dijo en un comunicado que un consejo médico había determinado “que Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.