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El estudio revela que sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales, que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio, que los aranceles vigentes no se cumplen, y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a los $14 millones de pesos mensuales, en promedio a nivel nacional, y a $24 millones promedio en Santiago Centro.

La investigación surge a partir de dos denuncias recibidas por la FNE respecto a esta operación. La primera de ellas fue presentada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) el 9 de marzo pasado, y la segunda, por el senador Alejandro Guillier, el 28 de mayo.

En cuanto a las razones para realizar el análisis, se indica que “no existen datos públicos que permitan evaluar adecuadamente la evolución competitiva en los precios que cobran los notarios por sus servicios y, de hecho, un preestudio por parte de la FNE da cuenta de que los precios cobrados por los servicios seleccionados en las notarías estudiadas no muestran una competencia bajo el referido precio máximo, sino el cobro de precios sobre él”.

La acción presentada ante la Fiscalía Nacional Económica señala que las tres grandes cadenas de farmacias estarían infringiendo las normas de defensa de la libre competencia, ya que estarían uniéndose para fijar los precios de los productos, además de coludirse con médicos y laboratorios por medio de la entrega de recetas médicas.

De esta forma, la acción judicial está dirigida a Pedro Pablo Echeverría Bascuñán, de Fresenius Kabi Chile; Mariano Ojeda Martínez, de Sanderson; y los hermanos Claudio Reginato Vásquez y Maurizio Reginato Vásquez, ambos de Biosano.