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El Consejo de Defensa del Estado presentó esta acción judicial en contra de Álex Smith Leay, el creador de la aplicación “Antorcha”, y contra el perito de Carabineros, Manuel Riquelme, por la presunta manipulación de las pruebas.

"Ahí me interesa puntualizar algo: yo como fiscal puedo decretar el secreto de una investigación, pero si hay querellante en la causa, él podría solicitar al tribunal que ese secreto se levantara. Esas actividades no fueron realizadas por el Ejecutivo", señaló la vocera (s) del organismo persecutor, Patricia Muñoz.

"Informé personalmente todo lo que habíamos realizado, y le comenté, a partir de lo hablado con Vásquez y los demás peritos, lo anormal que era haber encontrado archivos txt sin formato en algunos teléfonos", señaló el experto de la policía uniformada, Manuel Cavieres González.

“Este requerimiento procuraba que, a través de un peritaje independiente y calificado, nacional o extranjero, se pudieran resolver las eventuales diferencias entre lo informado por el Laboratorio de Criminalística Carabineros (Labocar) y lo señalado por un perito de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional”, señala un comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

"La solución intermedia de no perseverar adoptada por fiscalía puede ser un remedio procesal suficiente para las anomalías fundantes de esta acusación, pero constituyen un estigma injustificado en la persona de los imputados, como cualquier ciudadano sindicado artificiosamente como autor, cómplice o encubridor de cualquier delito, ya que se han visto afectados ilegítimamente en su honra, libertad e intimidad", señaló el juez Federico Gutiérrez.