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“En mérito de lo expuesto, no procede que la Administración reembolse a sus empleados los gastos en que incurran para su traslado utilizando servicios de transporte terrestre diversos de los reglamentados en los decretos singularizados en el párrafo que antecede, como sería el caso de los servicios requeridos a través de plataformas tecnológicas tales como Uber o Cabify, en tanto no se ajusten a los mismos”, establece un dictamen del órgano contralor.

La decisión de la Contraloría podría provocar un remezón en algunos casos relacionados con platas políticas, debido a que se podrían reabrir causas que aún están en el rango establecido de 5 y 10 años de prescripción.

La Investigación responde a una denuncia efectuada por el senador RN, Manuel José Ossandón, sobre presuntas irregularidades en la contratación de aeronaves y en las adquisiciones de bienes y equipos para el combate del fuego, entre el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017.

"No comparto el criterio jurídico que hace Contraloría, pero hay que acatarlo. Lo que no me parece y me parece sorprendente es que para algunos casos la Contraloría tenga una agilidad impresionante y para otros casos no, y sobre todo la forma en que se hace el anuncio", sostuvo el diputado de derecha.

"A partir de lo que nos ha instruido la Contraloría, el equipo jurídico está trabajando para resolver todas aquellas materias que ellos han considerado necesario modificar a objeto de dar cumplimiento con el mandato de la ley", dijo el titular de Salud.