Luego de conocer el resultado de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la subfase de diseño del viaducto y que determinó observaciones a la supervisión y plazos de etapas del contrato, la organización pidió al Presidente Piñera a poner final contrato.
“En mérito de lo expuesto, no procede que la Administración reembolse a sus empleados los gastos en que incurran para su traslado utilizando servicios de transporte terrestre diversos de los reglamentados en los decretos singularizados en el párrafo que antecede, como sería el caso de los servicios requeridos a través de plataformas tecnológicas tales como Uber o Cabify, en tanto no se ajusten a los mismos”, establece un dictamen del órgano contralor.
La decisión de la Contraloría podría provocar un remezón en algunos casos relacionados con platas políticas, debido a que se podrían reabrir causas que aún están en el rango establecido de 5 y 10 años de prescripción.
La Investigación responde a una denuncia efectuada por el senador RN, Manuel José Ossandón, sobre presuntas irregularidades en la contratación de aeronaves y en las adquisiciones de bienes y equipos para el combate del fuego, entre el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017.
"No comparto el criterio jurídico que hace Contraloría, pero hay que acatarlo. Lo que no me parece y me parece sorprendente es que para algunos casos la Contraloría tenga una agilidad impresionante y para otros casos no, y sobre todo la forma en que se hace el anuncio", sostuvo el diputado de derecha.
Es extraña la fijación de Bolivia con la reclamación territorial con Chile, siendo que con Argentina ha perdido 420.758 KM2. y con Perú más de 250 mil.
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