El problema se agravaría aún más, ya que si la justicia determina reincorporar a Pérez en su antiguo cargo, provocaría algo nunca visto en el organismo, puesto que se contaría con dos subcontraloras en el mismo puesto.
"Ejerceré a la brevedad todas las acciones constitucionales y legales que nuestro ordenamiento jurídico contempla, a fin de que se restablezca prontamente el imperio del derecho", advierte la subcontralora.
Luego de conocer el resultado de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la subfase de diseño del viaducto y que determinó observaciones a la supervisión y plazos de etapas del contrato, la organización pidió al Presidente Piñera a poner final contrato.
“En mérito de lo expuesto, no procede que la Administración reembolse a sus empleados los gastos en que incurran para su traslado utilizando servicios de transporte terrestre diversos de los reglamentados en los decretos singularizados en el párrafo que antecede, como sería el caso de los servicios requeridos a través de plataformas tecnológicas tales como Uber o Cabify, en tanto no se ajusten a los mismos”, establece un dictamen del órgano contralor.
La decisión de la Contraloría podría provocar un remezón en algunos casos relacionados con platas políticas, debido a que se podrían reabrir causas que aún están en el rango establecido de 5 y 10 años de prescripción.
Es extraña la fijación de Bolivia con la reclamación territorial con Chile, siendo que con Argentina ha perdido 420.758 KM2. y con Perú más de 250 mil.
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