El modelo neoliberal significó, en vivienda y urbanismo, la liberalización del suelo, el subsidio a la demanda y, en general, un debilitamiento del Estado. Tras ello hubo una opción política y económica de priorizar soluciones privadas a necesidades públicas. La ciudad, en cambio, es por esencia una construcción colectiva.

Como consecuencia de esto, si bien hay avances, nuestras urbes no muestran un mejoramiento acorde con la inversión realizada. Crecen en forma poco armónica y sustentable. La segregación aumenta. Los barrios se deterioran. Persisten asuntos sin resolver, como seguridad, conectividad, transporte, residuos, aguas lluvia y acceso a áreas verdes.

Estas preocupaciones guiaron al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para hacer un diagnóstico y propuestas en materia de regulación del suelo urbano. Algunas de ellas coinciden con la Comisión Engel, en cuanto a transparentar el mercado inmobiliario, frenar la especulación y compartir las plusvalías.

Como lo advertían ya los economistas clásicos, el suelo aumenta su valor aun sin esfuerzo del dueño. Cuando el Metro llega a un barrio, el precio de terrenos y viviendas se dispara. Lo mismo ocurre cuando cambia un plan regulador y mejoran las opciones de edificar. Si parte de ese mayor valor se comparte con la ciudad, tendríamos más áreas verdes, mejor vialidad y, por cierto, nuevas líneas de tren subterráneo.

En Chile, en cambio, esa plusvalía es capturada casi exclusivamente por particulares. La ciudad se llena de terrenos «en engorda», cuyos propietarios esperan que el Estado lleve infraestructura, para luego venderlos o urbanizarlos, con mejor rentabilidad. Nuestro país es el paraíso de los negocios del suelo.

Esta especulación debe combatirse drásticamente, pues dificulta el acceso a la vivienda para sectores de ingresos bajos y medios, encarece los proyectos comerciales y afecta la posibilidad de que las ciudades crezcan armónicamente.

Países cercanos, como Colombia o Brasil, nos llevan la delantera. Instrumentos hay muy variados: impuestos territoriales, la incorporación de estos mayores valores a la renta; gestión inmobiliaria de entidades públicas; la asociación público privada para recuperar barrios deteriorados (reajuste de tierras); la venta de coeficientes de constructibilidad predefinidos por encima de las normas, son algunos ejemplos.

Algunos repiten como consigna que toda regulación o impuesto sube los precios, sin análisis serios. Experiencias internacionales comprueban lo contrario. Lo único que los eleva sostenidamente es dejar el asunto a merced del mercado y los especuladores. Si hay normativa y recuperación de plusvalías, se desincentivan estas prácticas.

Por ello, la decisión de la Presidenta Bachelet de abrir la discusión sobre medidas para compartir el mayor valor que se motiva en ampliaciones del límite urbano o cambios en el uso del suelo es muy importante para avanzar hacia mejores ciudades.

La fórmula tributaria-judicial mediante la cual el sistema democrático chileno ha enfrentado los casos de corrupción y comportamientos no éticos de sectores y/o grupos de la elite respecto al financiamiento de candidaturas y partidos políticos, tiene algunos aspectos positivos necesarios de destacar.

En primer lugar, el solo hecho que los distintos involucrados al momento de ser citados a la fiscalía para declarar, se han sometido plenamente a ello y entregado información suficiente para pesquisar las distintas aristas de cada caso. Si bien esta cooperación se basa en el incentivo de lograr condenas disminuidas o simplemente evitar la acusación, constituye un hecho relevante, en la medida que ninguno optó por escapar del país o esconderse para no presentarse.

Ello deja en evidencia la percepción tanto de acusados/citados como de la fiscalía y otros actores que existe un vacío legal que es necesario superar y donde se percibe un lento proceso a pesar de las recomendaciones de la Comisión Engel y las distintas iniciativas existentes en el Congreso y presentadas por otros actores sociales. La conclusión inevitable es que a pesar de la disposición responsable de los afectados por las acusaciones, pareciera que ello es suficiente para no avanzar en regulaciones que a todas luces son urgentes.

Lo anterior implica que el manejo de la agenda programática del gobierno no tiene capacidad para llevar las dos agendas en forma simultánea, con lo cual se configura un escenario al menos complejo desde el punto de vista político y ciudadano. Al efecto, la agenda de transparencia y anti corrupción tiene un espacio y ritmo propio que debe ser asumida plenamente. Sin embargo, ello se ve obstaculizado por las prioridades programáticas y las evidentes dificultades que han mostrado las negociaciones de las denominadas reformas estructurales, donde en la actualidad la educacional y laboral parecen copar todos los espacios legislativos y los intereses políticos del gobierno y los partidos.

Bajo estos criterios, la posibilidad de asumir como positivo la forma en que se procesan a los implicados disminuye drásticamente al observar la forma en que se espera que todo ello quede entreverado en el proceso judicial mientras la agenda política se concentra preferentemente en las prioridades programáticas. Al efecto, lo más probable es que la agenda de transparencia y anti corrupción termine siendo la moneda de cambio para avanzar en la programática y con ello las expectativas ciudadanas se verán frustradas y en consecuencia los niveles de conflictividad social aumentarán y los costos políticos para el gobierno seguirán siendo negativos.

La irrupción de estos escándalos políticos no solo mostraron los vacíos políticos y jurídicos y los déficits éticos en la clase dirigente del país sino que la oportunidad de fortalecer el régimen democrático parece perderse en la coyuntura gubernamental y en el surgimiento tácito de avanzar en forma mínima en la superación de este escenario proclive a la corrupción.