A pesar de que la tasa de siniestralidad general muestra una tendencia a la baja en la última década, las cifras de la estadística oficial analizadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) demuestran un estancamiento en los eventos más críticos, promediando cerca de 200 muertes y 1.800 heridos graves cada año.
Durante el quinquenio estudiado (2021-2025), un total de 1.004 personas perdieron la vida en sus puestos de trabajo y 9.065 sufrieron accidentes clasificados como graves.
La situación se agudizó hacia fines de 2025, año que registró un repunte de la mortalidad con 225 trabajadores muertos, lo que representa un aumento del 30% en comparación con las cifras del año anterior, concentrando los hombres el 96% de las muertes laborales en el país y el 88,1% de los accidentes graves.
Informe identifica sectores clave
En términos absolutos, el rubro de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones acumula 272 muertes, seguido por la Construcción con 188 fallecidos.
Al realizar un análisis de los casos fatales en relación a la población laboral por actividad económica, la Minería comparte el primer lugar de riesgo junto al transporte, registrando ambas actividades una tasa del 0,014% por cada 100 personas trabajadoras.
Por su parte, la Construcción lidera la cantidad de accidentes graves con 2.025 casos acumulados, seguida de cerca por las Industrias Manufactureras con 1.944 casos.
Sin embargo, al analizar la proporcionalidad según el tamaño de su fuerza laboral, el sector de la Pesca se consolida como el de mayor peligrosidad relativa, con una tasa del 0,11% por cada 100 personas trabajadoras.
Las principales formas en que ocurren estos desenlaces corresponden a accidentes de tránsito y trayectos motorizados en vehículos laborales para los casos fatales, mientras que las caídas de altura (superiores a 1,8 metros) y los atrapamientos de extremidades representan las causas físicas más comunes en los accidentes clasificados como graves.
Uno de los hallazgos reporta que las empresas que emplean a menos de 25 personas concentran el 45,4% de todas las muertes del país (456 fallecidos) y el 35,6% de los accidentes graves (3.251 casos).
Al interior de este grupo, las microempresas de apenas 1 a 9 trabajadores muestran el escenario más precario, registrando de forma aislada 256 decesos.
Boris Benavides, jefe del departamento Laboratorio Nacional y de Referencia en Salud Ocupacional (DSO) sostuvo que es “urgente una estrategia con perspectiva de género y nuevos riesgos”.
“Nos hemos comprometido en trabajar en una propuesta de estrategia nacional para la disminución de los accidentes de connotación grave y fatal, en conjunto con las instituciones con injerencia en la materia”, indicó.
Asimismo, detalló que parte de ese trabajo es “contar con un diagnóstico inicial de la accidentabilidad grave y fatal de los últimos años a nivel nacional en base a la información nacional disponible con que cuenta la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)”.
“Estas cifras, su comportamiento nos deben movilizar ya que detrás de cada muerte de una persona en su trabajo, hay también una pérdida para su familia, sus colegas, la empresa y el país en su conjunto”, dijo Benavides.
Añadió que “la política pública deberá poner foco prioritario en las pequeñas empresas integrando riesgos emergentes e indirectos de la época actual, tales como el impacto de la salud mental, el cambio climático y el trabajo en aislamiento”.
El directivo concluyó señalando que se “debe Involucrar directamente a los gremios empresariales, las organizaciones de trabajadores y los Organismos Administradores de la Ley (mutualidades) y concentrar los esfuerzos preventivos y de control en las actividades económicas con mayor relevancia en la generación de casos como Transporte, Construcción, Agricultura e Industria”.