La Contraloría detectó que 485 funcionarios públicos de la Administración Central (no incluye municipalidades) se encuentran suspendidos en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, recibiendo aún remuneraciones.
La principal alerta del reporte de la CGR apunta a la prolongada duración de algunas de estas medidas, donde 13 funcionarios permanecían suspendidos desde hace más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en la misma condición.
En total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva que fueron detectados por Contraloría en su informe.
La situación más extensa corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión alcanzaba una duración estimada de 4 años y 7 meses.
A este caso, le siguen casos registrados en el SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses, y en el SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses.
El Estatuto Administrativo permite la suspensión preventiva de funcionarios mientras se desarrolla una investigación disciplinaria.
Sin embargo, cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras.
Ante estos resultados, la CGR dispuso que los 30 sumarios con funcionarios suspendidos por más de tres años dejarán de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron y pasarán a la Contraloría para que continúe su tramitación.
De esta forma se buscará determinar si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no efectuaron un control oportuno de su avance.
Asimismo, las entidades que mantienen funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año deberán informar, en un plazo de 15 días hábiles, el término de los sumarios, justificar fundadamente la continuidad de la medida o reportar acciones concretas para agilizar su conclusión.
A lo anterior se suma que también tendrán que iniciar procedimientos disciplinarios orientados a establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.
También se informó que se realizarán acciones de control adicionales en servicios específicos para comprobar la calidad y veracidad de los antecedentes recibidos, especialmente en situaciones donde no se entregó información o la remitida no resulte suficientemente convincente para respaldar los datos reportados. Esto incluirá una revisión en los procesos realizados por los municipios.
Adicionalmente, el informe reveló que 22 funcionarios suspendidos preventivamente registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, de acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Según los datos recopilados, el Estado ha desembolsado $671 millones en sueldos asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión.
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El CIC menciona que dos funcionarios que estaban suspendidos cumplían, en ese período, una medida cautelar de prisión preventiva. Otro caso se refiere a que el fiscal que decretó una suspensión preventiva también se encontraba en esa condición.
Otra situación que complejizan el término de estas suspensiones tiene que ver con 20 funcionarios suspendidos cuyos sumarios están a cargo de un fiscal que ya no trabaja en el servicio.
Además, se identificó decenas de casos en que funcionarios suspendidos viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego en ese período.