Una nueva investigación que desarrolla la Fiscalía, sacude una vez más a Carabineros, una de las instituciones que más credibilidad y cariño tenía entre la ciudadanía, luego que se detectara la venta de armamento destinado a bandas delictuales.

De acuerdo a lo que consigna La Segunda, se trataría de personal de una unidad dependiente de la 23 Comisaría de Talagante que habría vendido al menos 118 pistolas, revólveres y escopetas en el mercado informal y que eran vendidas en dos millones de pesos.

El fiscal jefe de Talagante, quien lleva el caso, Heriberto Reyes, dijo que “los carabineros eran los líderes de este aparataje. Tenían montada una verdadera asociación ilícita para obtener armas de fuego, registrarlas con todo el procedimiento y luego venderlas en el mercado negro a delincuentes”.

En ese contexto, el persecutor explicó que varias de las armas fueron identificadas como usadas en homicidios y asaltos, ante lo cual señaló que “sólo ellos podían hacerlo, porque concentraban todas las facultades para fiscalizar. En manos de los delincuentes quedaban armas nuevas, de última generación”.

Hasta el momento se menciona que 30 personas fueron detenidas, uno de ellos un funcionario activo en funciones en la institución, mientras que el resto se encontraba en retiro pero con contrato en la policía.

La unidad especializada de Carabineros, luego del cambio de fiscalización de armamento del Ejército a la policía uniformada, es la 035, sujeta a la Comisaría de Talagante y en la que trabajaba Fernando Alvial Soto de 51 años.

Ante este funcionario se presentaban distintos lugareños a los que les pagaban 80 mil pesos por figurar inscribiendo armas de fuego que nunca vieron, las cuales una vez que se realizaba todo el procedimiento legal eran denunciadas como extraviadas.

Sin embargo, el proceso también requiere aprobar un examen psiquiátrico y Alvial, junto a sus socios, tenían al psiquiatra Alberto Martínez Amurrio, quien en su consulta en pleno centro, le hacía preguntas a los interesados para luego entregarle los certificados médicos a los interesados de las armas.

Ante estas evidencias, la Unidad Fiscalizadora 35 de Talagante fue allanada ayer lunes, mientras que los aprehendidos fueron formalizados este martes.

En Carabineros, en tanto, se señaló que “en cumplimiento de una orden judicial, el Ministerio Público realizó diligencias en la 23ª Comisaría Talagante, a raíz de una investigación por la venta ilegal de armas. Dicho proceso indagatorio se inició luego de una denuncia generada a través de controles internos institucionales. Conforme con nuestra invariable política de transparencia, la respectiva Unidad ha facilitado a la Fiscalía todos los antecedentes y especies necesarias para facilitar el trabajo indagatorio en desarrollo”.

A su vez, la investigación muestra que algunas armas de calibre 40 fueron usadas en algunos homicidio como un hecho ocurrido en 2016 en Rancagua.

Este caso se suma a otro ocurrido a menos de una semana, en el que también Carabineros de la Comisaría de Recoleta mantenían una asociación con dos bandas delictuales, Los Chacana y los Ketchup, las cuales operaban en la zona norte de Santiago.