El enorme revuelo que han desatado en Chile los casos judiciales y los todavía no judicializados sobre financiamiento irregular de partidos políticos y de campañas electorales, tanto de gobierno como de oposición, proveniente de grandes consorcios empresariales vinculados a la derecha, ha provocado una agudización de la llamada “crisis de representatividad”, de la que ya se venía hablando desde las masivas protestas estudiantiles iniciadas en 2011 durante la administración de Sebastián Piñera.
Incluso más: Algunos se atreven a sostener que hoy vivimos una “crisis de la institucionalidad”.
Quizás resulte exagerado y demasiado alarmista hablar de una “crisis de la institucionalidad”. Porque esta segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, pese a todas sus dificultades de definición en sus proyectos de reforma, ha logrado algunas importantes reformas políticas y sociales, aprobadas por un Congreso que no ha dejado de funcionar con normalidad, y frente a una sociedad civil, que en su lógica consumista se ha hecho cada vez más exigente del respeto de su dignidad y del reconocimiento de la igualdad para ejercer sus derechos fundamentales.
No es baladí recordar la aprobación de una importante reforma política, que había estado pendiente desde que el país retornó a la democracia, cual es la del sistema de elección parlamentaria, que sustituyó la fórmula del binominal, heredada de la dictadura, por otra de carácter proporcional. Así como la nueva ley de uniones civiles, que al menos permitirá a las parejas convivientes, tanto de un mismo sexo como de distintos sexos, acceder a un régimen patrimonial de bienes equivalente al matrimonio. O también, la reforma tributaria, que con todos sus cuestionamientos, es de esperar que permita un mayor y mejor financiamiento del gasto social en educación, salud, vivienda, entre otros bienes o derechos sociales.
Reformas como estas, pese a todo lo que legítimamente pueda argüirse en su contra, son impensables cuando se vive una crisis de la institucionalidad, porque en tal clase de crisis no existe siquiera consenso en las normas básicas de la convivencia democrática. Cuestión de la que Chile está bastante lejos, sobre todo cuando la voluntad legislativa ha funcionado con razonable normalidad, y sin que esta voluntad esté produciendo reacciones rupturistas de parte de quienes disienten de ella.
Sin embargo, es la llamada crisis de representatividad la que se ha agudizado. La falta de credibilidad y de confianza por parte de la ciudadanía hacia quienes supuestamente deben representarla políticamente, es decir, los políticos y los partidos políticos, hoy se ha hecho incomparablemente más visible con ocasión de este verdadero destape de financiamiento irregular, que desde la vuelta a la democracia se mantuvo en el anonimato.
No solamente se han roto los pactos de silencio entre ex-militares implicados en crímenes contra los derechos humanos perpetrados durante la dictadura, sino también entre las distintas fuerzas políticas que se financiaron irregularmente por grupos empresariales afines a la dictadura durante estos 25 años de post-dictadura.
Si desde los comienzos de la mal llamada “transición a la democracia” la juventud ha mostrado una profunda apatía con la participación electoral, hoy se aprecia una separación casi completa de la sociedad civil, en su conjunto, de los representantes políticos. La sociedad chilena está viviendo un auténtico divorcio político.
Es cosa de echar un vistazo a las encuestas de opinión pública y al profundo desencanto que se manifiesta en las redes sociales. Lo que no deja de ser preocupante, sobre todo cuando una democracia representativa requiere de partidos políticos y de un gobierno político que representen las demandas ciudadanas de manera idónea, y cuando el momento actual exige una respuesta inteligente de la clase política a una sociedad de consumo cada vez más exigente en sus demandas de cambio.
Pero la falta de inteligencia sigue siendo contumaz. El reciente anuncio del gobierno de renunciar públicamente a sus promesas de campaña -que nunca consistieron en cambios estructurales, como erróneamente plantean algunos, sino más bien en reformas moderadas-, con la pretendida finalidad de “promover el diálogo” con la oposición, ¿acaso no atenta contra la buena fe de la mayoría electoral que lo eligió y, a su vez, no quiebra aún más la confianza y la credibilidad de los representantes políticos?
Frente a esta falta de confiabilidad, ¿qué entusiasmo podría esperarse de parte de la ciudanía con el proceso constituyente que el gobierno anunció para el mes de septiembre? ¿O será que, derechamente, no hay una intención real de parte del gobierno de realizar un proceso con miras a cambiar la Constitución?
Puedo estar de acuerdo que una carta constitucional no resuelve, por sí misma, las demandas ciudadanas en materia de bienes o derechos sociales, así como tampoco de libertades y de participación política. Después de todo, como bien dice un connotado profesor de derecho, “la Constitución no es un programa político sino una norma común de convivencia”. Pero nuestra actual convivencia, con todos los cambios sociales, culturales, políticos y económicos que el país ha experimentado en los últimos 25 años, ¿acaso no precisa de una nueva Constitución que la represente?
El debate de la nueva constitución, más allá de su mecanismo para crearla -siempre que éste sea institucional, participativo e inclusivo-, precisamente tiene por finalidad discutir a nivel país, y desde la riqueza de nuestra diversidad, cómo podemos consagrar de manera más fehaciente aquellos principios de convivencia, sobre todo de libertad e igualdad en las personas y de un adecuado control ciudadano sobre el ejercicio de los poderes, tanto públicos como privados.
Porque si la convivencia social no consiste únicamente en vivir como meros consumidores de mercaderías (económicas y políticas), sino también como productores de nuestros espacios de participación, tanto en el poder político como en la esfera cultural y económica del poder, necesitamos entonces –como dijo el gran Norbert Lechner- de una “articulación social” y no sólo de un “pacto” o “consenso” entre las élites, para así poder superar esta crisis de representatividad, y dejar sin efecto este divorcio político de la sociedad chilena, que tanto daño le está haciendo a esa democracia que tanto quisimos y que todavía queremos.
