En la Constitución de 1925 se consagró -en el papel claro- la separación del Estado de Chile con la iglesia Católica, cuestión que no ocurrió del todo y la cúpula de la Iglesia hasta hace muy poco intervino en innumerables temas de la política nacional pero eso esta quedando definitivamente en el pasado y recién ahora se podría hablar de la separación del Estado de la iglesia y esto gracias -por decirlo de una manera- al verdadero tsunami de abusos sexuales cometidos por «Príncipes de la Iglesia» es decir Obispos, curas y religiosos, que han estremecido a la sociedad chilena.

Son tanto los Delicta Graviora (elitos graves) que la todoporderosa curia chilena está literalmente acorralada por sus propios pecados de la carne, como diría San Agustín quien escribió la estricta Regla Cisterciense que rige la vida monacal, que claro estos curas jamás deben haber leído.

Este viernes, en este clima de cisma, el Arzobispado de Santiago salió al paso de los cuestionamientos por el menejo del caso del canciller: «No es efectivo –como han informado algunas versiones de prensa- que el Arzobispado tuviera conocimiento de los hechos antes de la autodenuncia del presbítero Muñoz Toledo», señaló en una declaración pública, mientras el cura en cuestión ya está tras la rejas de manera preventiva acusado de varios cargos.

El comunicado señala: «El Arzobispado de Santiago aclara a la opinión pública cómo tomó conocimiento y actuó ante la denuncia de abusos sexuales del presbítero Oscar Muñoz Toledo.

-29 de diciembre de 2017. El canciller Oscar Muñoz Toledo se autodenunció, de forma verbal, ante el Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, por un caso de abuso sexual de un familiar suyo. El Arzobispo le solicitó presentar su autodenuncia por escrito a la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE).

-2 de enero de 2018. El presbítero presenta su autodenuncia por escrito a la OPADE.

-4 de enero de 2018. En el Arzobispado de Santiago se recibe el acta de la autodenuncia.

-5 de enero de 2018. El Arzobispo de Santiago instruye el inicio de la Investigación previa. Al mismo tiempo decreta las siguientes medidas cautelares:
a) Restricción absoluta del ejercicio público del ministerio sacerdotal;
b) Cese del oficio de párroco;
c) Cese del oficio de Canciller;
d) Se le fija residencia.

-31 de enero de 2018. Culmina el proceso de investigación previa, acreditándose la verosimilitud de la autodenuncia y, también, el testimonio de otros hechos delictuales en el círculo familiar.

-1 de febrero de 2018. Dado que en la investigación previa se ven involucrados menores de edad, el Arzobispo envía el expediente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como estipula el documento «Delicta Graviora (Los Delitos más Graves)» de la Sede Apostólica.

-1 de junio de 2018. En la OPADE se recibe una denuncia de abuso sexual de un menor de edad en contra de dicho presbítero, la que se adjunta a la causa presentada en la Congregación para la Doctrina de la Fe.

-6 de julio de 2018. El Arzobispo de Santiago recibe de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe una carta fechada el 19 de junio de 2018. En ella se le solicita dar inicio a un proceso administrativo penal.

El mismo día, el Arzobispo decreta un proceso administrativo penal a tenor del canon 1.720 del Código de Derecho Canónico.

Por tanto, no es efectivo –como han informado algunas versiones de prensa- que el Arzobispado tuviera conocimiento de los hechos antes de la autodenuncia del presbítero Muñoz Toledo», remata la nota de prensa eclesiástica.

Ahora cae el párroco de San Crescente y de Nuestra Señora de Luján

También este viernes el Arzobispado dio a conocer que que el pasado 27 de junio recibió una nueva denuncia por abuso sexual en contra del sacerdote Jorge Laplagne Aguirre, hecho que habría ocurrido hace unos 13 años cuando el denunciante era menor de edad. El cura en cuestión es el párroco de las iglesias de San Crescente en Providencia y de Nuestra Señora de Luján de Ñuñoa, y de ambas ha sido apartado mientras se realiza la investigación que tiene como plazo máximo 60 días para definir la veracidad de la denuncia y si hay nuevos casos.

Y la guinda -agria- de esta torta de podredumbres se colocó en los obispados de Temuco y Villarrica, hasta donde llegó la PDI para allanar las oficinas obispales y retirar documentación para esclarecer la denuncia que involucra a lo menos a 5 curas abusadores.

Así las cosas, cobran fuerza las distorcionadas historias de Las Palomas, La Abuela, La Familia y otras aberrantes cofradía de curas que amparados en la sotana han provocado el peor daño a la fe y a la Iglesia, más que el mismísimo Lucífer.