Cuando la presidenta Bachelet dio a conocer el camino que impulsará para cambiar la Constitución, en una breve alocución, de no más de siete minutos, colocó el acento en la falta de legitimidad de la actual Carta Fundamental. Del hecho que ésta nació en dictadura, y por lo tanto esto justifica la necesidad de llevar adelante un proceso constituyente, que genere una nueva Carta Fundamental, destinada a dar respuesta a una demanda, según la mandataria, fuertemente sentida por la ciudadanía.
Hay algunas interrogantes, que vale la pena reflexionar, para delinear dentro de los márgenes incertidumbre que todo proyecto refundacional conlleva, intentar delinear hacia donde nos dirigimos y los desafíos que cómo sociedad deberemos ser capaces de enfrentar.
No deja de llamar la atención, que luego del anuncio presidencial el Ministro del interior Jorge Burgos en una exposición en Agro 2015, se haya referido a nuestra carta fundamental como “uno de los factores que ha permitido 25 años de progreso” e indicó que ahora es necesario “ que pase a la sala de máquinas para revisarse de un modo institucional y ordenado”. “Eso es lo que la Presidenta ha anunciado, ningún salto al vacío” agregó el secretario de Estado.
Sin embargo esas expresiones no recogen lo que la presidenta anunció, la idea es llegar a promulgar una nueva constitución y no una reforma, no se trata de bajar los quórums para disminuir las dificultades para cambiarla , se trata de lleva adelante un proceso complejo, que va exigir un liderazgo presidencial potente, que está lejos de percibirse , aunque por el momento se haya detenido la caída de las encuestas de la imagen presidencial.
De hecho el gobierno, señalaba con euforia los porcentajes, de más de un 70 por ciento a favor del cambio constitucional. Se entiende, el gobierno necesita buenas noticias, pero vale la pena recordar que todas las reformas de la actual administración partieron con alto nivel de respaldo y luego fueron cayendo en los niveles de apoyo. Nada indica, que acá no pueda suceder lo mismo, más aún si alimentamos expectativas excesiva sobre lo que este cambio puede terminar afectando en nuestra vida diaria.
La refundación constitucional parte con los denominados procesos de educación cívica que durarían cinco meses y que van a estar cargo del ministerio responsable de la imagen y la vocería presidencial, lo que genera legítimas dudas, sobre su objetividad. Existen claros riesgos que la supuesta formación cívica se transforme en un adoctrinamiento constitucional del gobierno, con presupuesto estatal ; muy conveniente por cierto, frente a los desafíos electorales de los dos próximos años.
El ministro vocero de gobierno señaló que “a la gente no hay que tenerle miedo”. Y en eso tiene razón , porque más que a la gente el problema son las autoridades, las que deberán dar garantías, que esta iniciativa no se transformará en un proceso catártico, en la que surgirán una eclosión de demandas, que parecieran que se resolverán, al ser incluida como derecho en la nueva carta fundamental y por cierto en el nuevo programa de gobierno de la Nueva Mayoría.
El abogado constitucionalista DC y ex subsecretario del Interior Jorge Correa, frente a la pregunta ¿Si se necesita o no una nueva constitución? Se plantea que antes de hablar de una nueva carta fundamental deberíamos haber sido capaces de diagnosticar los problemas que enfrentamos como sociedad. Al respecto, no tiene dudas, cuando señala que lo que anda mal, no es el prestigio de la Constitución, sino de las instituciones y de las autoridades.
Por lo tanto, para que fueran efectivos los diálogos constitucionales debieran abordar la pregunta: ¿Qué llevó a la gente a desconfiar y fastidiarse de sus autoridades e instituciones? Este proceso debiera permitir llegar a un diagnóstico acertado, que nos ayude a resolver el problema, porque efectivamente la Constitución organiza la forma en que la expresión ciudadana se transforma en decisiones políticas.
Por su parte Oscar Guillermo Garretón empresario del PS, se plantea entre dudas y certezas si se han considerado, los efectos económicos de este cambio estructural. Y él asume que al menos debió haber sido evaluado cuando, el Ministro de Hacienda luego del anuncio presidencial, salió a señalar que el proceso institucional que se inicia no debería representar una amenaza para nadie.
Sin embargo, aprecia dos cuestiones particularmente desafiantes en lo económico, un ámbito cuya realidad está marcada por una fuerte desaceleración y una profunda ruptura de confianza entre gobierno y mundo empresarial. La primera, al ser Chile, un país de mercado interno pequeño, distante de los grandes mercados mundiales, en la que una de sus ventajas comparativas ha sido justamente su certeza jurídicas e institucional, muy superior a la de otros países emergentes. Y en relación a esto, la Constitución es la madre de toda la institucionalidad, de la cual nacen las leyes, las atribuciones del sector público, derechos y deberes, etcétera. Y acá la expresión de Burgos es aplicable, cuando señaló:”que esta Carta Fundamental, ha sido una de las claves de nuestro progreso”.
Por tanto, las autoridades y en particular la Presidenta – se pregunta Garretón – debieron haber considerado los costos de una iniciativa como ésta, que coloca en cuestión de certezas durante el período de la discusión institucional, con las implicancias que tiene para las inversiones privadas nacionales y extranjeras, al desconocerse cuáles serán las reglas del juego vigentes en unos años más.
“A la inversión le interesan no solo las certezas jurídicas de hoy, sino principalmente aquellas que regirán durante todo el período en que se ha planificado el proyecto de inversión. Es tan obvio, ¿Que no dudo que ha sido debidamente sopesado como costo justificado por la Presidenta? Agrega Garretón.
A pesar de lo evidente y considerando las crónicas improvisaciones en la reforma educacional y en la tributaria, que eran parte de la médula del gobierno, no cabe duda que apreciaremos el mismo lema que ha estado presente en las iniciativas de esta administración:” Se va haciendo camino al andar”. Esto en términos económicos va a ser devastador, a pesar de lo obvio, que le resulta a Garretón.
