Para la segunda semana de agosto la oposición tiene programado concretar una ofensiva que viene siendo analizada hace algunas semanas: ingresar una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
En Chile Vamos explican que la acción se concretará después de la interpelación a la secretaria de Estado, que se realizará el 2 de agosto.
Así, en la bancada UDI ya prepararon un documento con los principales lineamientos de lo que sería dicha acusación.
Los 3 puntos de la acusación
Según informó La Tercera, el escrito se centra en tres principios constitucionales que, a juicio del bloque opositor, no han sido cumplidos por Blanco. Todo esto, abriendo un nuevo flanco para la ministra de Justicia. La ofensiva no sólo apunta a las irregularidades por pensiones en Gendarmería, sino que también las situaciones que se viven en el Sename, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil.
El texto, de seis páginas, fue coordinado por Juan Antonio Coloma y Gustavo Hasbún. Y en él se apunta a tres presuntas infracciones a la Constitución. El primero de ellos es el incumplimiento del principio de probidad.
Entre las faltas que atribuirán a Blanco se encuentra el no “observar una conducta funcionaria intachable” y no “desempeñar honesta y lealmente la función o cargo”. Junto con esto, la minuta alude a la “preeminencia” que deben otorgar los funcionarios al “interés general por sobre el particular”.
La Tercera publicó parte del escrito donde se indica que: “Es dable advertir que la ministra de Justicia ha sido duramente cuestionada por altos mandos de Gendarmería de Chile, servicio público dependiente del Ministerio que ella conduce, en torno a privilegiar la promoción de puestos y remuneraciones de funcionarios de la institución de una forma alejada a los procedimientos establecidos. Lo anterior, de acuerdo a un criterio político partidista y no técnico”,
Como segundo eje, la acusación constitucional se centrará en el principio de igualdad ante la ley, el que, según se detalla el documento, habría sido transgredido por tres factores: “Las altas pensiones de funcionarios públicos”, la crisis del Sename que afecta a “cientos de menores”, y la “realidad de servicios como la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
En un tercer elemento, el texto acusa una infracción al principio de servicialidad, que se basa en que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”. Así, en la minuta se lee que “la existencia de graves anomalías en el funcionamiento de organismos y la labor de servicio que la Constitución encomienda al Estado se ha visto severamente afectada en la gestión de la actual ministra”. Además, se apunta a una supuesta vulneración de La Ley General de Bases de la Administración del Estado, “principalmente a través de la transgresión de los principios de coordinación, eficiencia y eficacia”.
