El futuro jefe de la Bancada de la UDI, Jorge Alessandri, junto con la diputada Marlene Pérez, anunciaron que el próximo 11 de marzo, una vez iniciado el nuevo período legislativo, solicitarán la creación de una comisión investigadora a raíz de la polémica que rodea al proyecto de cable submarino entre Chile y China.
Si bien se informó que el decreto fue anulado dos días después de ser emitido, los parlamentarios cuestionaron que el Gobierno no haya transparentado dicho antecedente desde un inicio, asegurando que «aquí ha habido una mentira tras otra por parte de las actuales autoridades», agregando que «primero negaron cualquier tipo de autorización, pero resulta que ahora nos enteramos de que sí hubo un decreto firmado y que sólo se anuló por razones de forma».
Añadieron que «cada día que transcurre surge un nuevo antecedente que contradice aún más lo que ha señalado el Gobierno sobre este caso, lo que demuestra que no sólo no han dicho toda la verdad, sino que además existiría una red de omisiones y contradicciones por parte de algunas autoridades».
En este punto hicieron hincapié en que «hoy todo indica que aquí hubo una serie de decisiones que se intentaron mantener en absoluta completa reserva y que sólo salieron a la luz pública a partir de las sanciones anunciadas por Estados Unidos«, ante lo cual anunciaron que, «como Bancada UDI, hemos resuelto impulsar una comisión investigadora a contar del 11 de marzo, porque cuando se trata de proyectos sobre infraestructura crítica y de eventuales nexos económicos con una potencia extranjera, el país merece que se transparente todos los antecedentes».
Nexos económicos PC-China
Justamente, Alessandri y Pérez aseguraron que la comisión también servirá para abordar los posibles nexos económicos que mantendría el Partido Comunista (PC) con la República Popular China, no sólo por la militancia del actual subsecretario y de su jefe de gabinete, sino que también por otros casos, como el de la diputada Karol Cariola, quien es investigada por su eventual participación en los delitos de tráfico de influencia y cohecho, a raíz de las gestiones e influencias que habría realizado en beneficio de empresarios chinos.
«Cuando existen antecedentes previos que dan cuenta de un posible nexo económico entre el PC y China, y luego surgen casos como el de este proyecto, donde las dos autoridades más involucradas son militantes comunistas, se vuelve indispensable transparentar todos los hechos, porque al menos las explicaciones que ha dado el Gobierno han sido a medias«, insistieron los parlamentarios de la UDI.
