Cancilleres de diversos gobiernos de centro-izquierda de los últimos 25 años dieron a conocer una carta por medio de la cual expresaron su «profunda preocupación por las recientes declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast en materia migratoria, por sus eventuales efectos en la dignidad de las personas migrantes y en las relaciones de Chile con los países vecinos, en particular Perú y Bolivia«.

En la misiva, firmada por los ex ministros Soledad Alvear; Mariano Fernández; José Miguel Insulza; Heraldo Muñoz; Antonia Urrejola e Ignacio Walker, se señala que «la política migratoria de Chile debe enmarcarse estrictamente en el Estado de
Derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de
derechos humanos, refugio y protección de personas en situación de especial
vulnerabilidad».

Respeto a dignidad humana y derecho internacional

En ese contexto, recalcan que «las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de derechos humanos».

Enfatizan luego que «Chile tiene un interés esencial en preservar relaciones de respeto, cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia, especialmente en la gestión de fenómenos transfronterizos como la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico», haciendo hincapié en que «la idea de “empujar” o derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política, afectando la confianza mutua y debilitando los espacios de diálogo construidos con esfuerzo a lo largo de décadas».

Críticas a Kast

Si bien reconocen que «la inmigración irregular es inaceptable, vulnera la legislación vigente y tensiona gravemente la convivencia nacional, especialmente en las regiones de frontera», recalcan que nuestro país «tiene el deber de reforzar de manera efectiva el control de sus fronteras y de ordenar los flujos migratorios, pero las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática, considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país».

En este contexto, insisten en que «la actual situación migratoria en el norte de Chile exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos y consistentes con el derecho internacional, no planteamientos retóricos que prometen soluciones simples a problemas complejos. Corresponde fortalecer los canales diplomáticos, activar los comités de frontera, perfeccionar los acuerdos de reconducción y retorno, y avanzar en mecanismos de regularización y control que se diseñen conjuntamente con Perú y Bolivia sobre la base de la corresponsabilidad y el respeto mutuo».

También, las exautoridades subrayaron que «la gestión de la migración y de la seguridad en la frontera debe compatibilizar el control efectivo del territorio con la protección de la vida e integridad de las personas, evitando la generación de crisis humanitarias en pasos fronterizos por acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada».

Debate serio

Finalmente, dejaron de manifiesto que «quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación. Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero».