Por Dr. Mario Villalobos T., ex director nacional de odontología y asesor de salud de la AMUCH.
La Contraloría General de la República (CGR) ha evacuado un lapidario informe sobre las listas de espera, dejando en evidencia una cuestionable gestión en su tratamiento en al menos cuatro hospitales, donde las irregularidades van desde pacientes fallecidos ingresados como atendidos, hasta cartas encontradas en basurales, sin que nunca llegasen a conocimiento de los pacientes a los cuales iban dirigidas.
Es un hecho irrefutable que estas interminables y escandalosas listas de espera para consulta de especialidades son las más altas desde que se lleva registro y, tal como lo dice un artículo publicado en este diario hace algunos días, las odontológicas alcanzan casi el medio millón de personas; pero, que erróneamente en dicho artículo se les llama “las listas de espera silenciosas”, lo correcto sería decir “las listas de espera ignoradas”, porque no se observa ninguna política o propuesta pública destinada a darles solución, ni son debidamente consideradas en los informes de la ministra de salud cuando concurre al parlamento para dar cuenta sobre esta lamentable situación.
En el área odontológica, las cifras son espeluznantes, casi 490.965 personas esperan por una atención de especialidad y, como esta espera es superior a los 2 años, podemos deducir que los pacientes han buscado una solución fuera del sistema público o simplemente optaron por la extracción de sus piezas dentales, aumentando la mutilación de la población que ello conlleva, pues nadie puede esperar por un tratamiento dental, más si está causando dolor, esa cantidad de tiempo; se termina así desestimando por completo las importantes funciones que tiene la cavidad oral como son la estética, fonética, deglución, masticación y la afectiva, que en la crisis de salud mental que atraviesa nuestro país es tal vez uno de los más relevantes.
Otra afirmación errónea es decir que no existe una instalación física instalada capaz de absorber esta demanda, esto solo es correcto si se considera el sector público, pero, el 80% de la oferta de servicios odontológicos está en el sector privado, por lo que capacidad física existe, y sabemos que la alianza público-privada funciona cuando está dentro de un marco legal claro y transparente. con la cantidad de odontólogos que hoy ejercen en nuestro país nos parece una obligación ética y moral, utilizar dicho mecanismo para dar solución a las demandas de nuestros pacientes, lo que si no existe es al parecer la voluntad política para hacerse cargo de esta demanda y la capacidad de gestión que ello exige.
Considerando que, en el sector público, el área odontológica tiene su propia infraestructura, sus propios recursos humanos, físicos y financieros, sería interesante considerar la creación de un 01 autónomo, independiente de los servicios de salud, de modo que estos sean mejor administrados, para dar una atención digna y oportuna a los pacientes, y evitar así que otras urgencias, aparentemente más demandantes en la gestión de los servicios sanitarios del sector público, terminen postergándolas indefinidamente.
En el segundo gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, el entonces ministro de salud Dr. Enrique Paris creó la Dirección Nacional de Odontología que iba, a nuestro parecer, por el camino correcto para atender las angustiantes demandas de salud oral en nuestro país, pero que lamentablemente ha sido descartada en la actual administración.
Esta propuesta requiere una modificación legal profunda, pero, si no lo hacemos estaremos en presencia de un notable abandono de deberes, porque el derecho a la salud está debidamente resguardado por nuestra Constitución y no puede seguir siendo solo un slogan en período de campañas.
