Con 135 votos a favor, la Cámara de Diputados y Diputadas respaldó el informe de la comisión investigadora por eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, conocido como “Caso Hermosilla”, determinándose que el cuestionado abogado “era un gran operador del Poder Judicial.
El informe precisa que “(Luis) Hermosilla se vendía como un gran penalista… sin embargo era un gran operador del Poder Judicial”. “Esta comisión pudo llegar al convencimiento de que son evidentes las faltas a la probidad del señor Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de Investigaciones, los tribunales de justicia y el Servicio de Impuestos Internos (SII)”.
Los antecedentes de la comisión serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, debido a que se concluye, además, que “se generaron redes de corrupción y tráfico de influencias para acceder a información relevante e incluso reservada en algunos casos, para favorecer a clientes y no clientes del señor Hermosilla”.
Finalmente, el texto precisa que el referido abogado incidió de manera activa en el nombramiento de altos cargos y magistrados en la Corte Suprema y Corte de Apelaciones, indicando que “ello pone en riesgo la objetividad de los tribunales de justicia al momento de conocer causas donde el señor Hermosilla participaba”.
Recomendaciones
La instancia acordó solicitar a la Contraloría y al Consejo de Defensa el Estado que se revisen si las contrataciones a Hermosilla se ajustan a derecho, si se hicieron en tiempo y forma, y si los servicios fueron efectivamente prestados.
Asimismo, se pide que la Comisión de Mercado Financiero de cuenta de los resultados de sus investigaciones sobre el caso. Del mismo modo, se sugiere la modernización de los procedimientos implementados por el SII, en materia de faltas y delitos de carácter tributario.
En ese plano, se llama a mejorar los mecanismos de fiscalización que eviten que las decisiones se adopten sin supervigilancia; intensificar la cultura de la probidad de los equipos y optimizar la trazabilidad en los distintos momentos de fiscalización para poder levantar alertas. Adicionalmente, se pide información sobre datos de auditoría interna que ordenó la Contraloría.
Respecto al sistema de nombramiento de jueces, la instancia recalca que hoy existe opacidad. Por ello, se recomienda revisar un sistema de contrapesos que vele por la probidad, transparencia y privilegio de la carrera funcionaria. Se agrega a ello la propuesta de creación de un consejo de la magistratura.
Asimismo, el texto busca aumentar las facultades de fiscalización y de sanción en la materia del Colegio de Abogados; ampliar las capacidades formativas y de control de la Contraloría para el mercado financiero; aumentar la dotación del ente contralor para realizar más auditorías y elevar la dotación de fiscales del Ministerio Público.
A la vez, la comisión concordó en la necesidad de avanzar en la presentación de iniciativas legales que se hagan cargo de la fragilidad del sistema en materia de supervigilancia y procedimientos, tanto por parte de Contraloría como del SII.
Consecuencias del caso Hermosilla
El informe fue entregado por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien además intervino en el debate, afirmando que la comisión investigadora llegó a una conclusión categórica: “Estamos ante una verdadera red de corrupción y tráfico de influencias”.
En esa línea, el diputado Boris Barrera (PC) señaló que la comisión quedó corta en cuanto a su alcance. Se comenzó a abrir una verdadera caja de Pandora. Afirmó que se vuelve necesario modificar y fortalecer el sistema de nombramiento de jueces y también fortalecer a los organismos públicos de fiscalización, así como avanzar en el levantamiento del secreto bancario.
