El proyecto que fortalece al Ministerio Público, readecuando su estructura y aumentando su dotación, quedó listo para ser votado por el pleno del Senado en primer trámite, luego que la Comisión de Hacienda aprobara la iniciativa en general en sus aspectos financieros.
En lo fundamental, el proyecto busca reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal y la atención a víctimas y testigos de delitos.
Para ello, modifica la estructura, aumenta la dotación y adecua los mecanismos de evaluación e incentivos al desempeño institucional del Ministerio Público.
Aumento de dotación
La iniciativa propone incrementar un total de 819 cargos: 4 jefes de unidad; 205 fiscales adjuntos; 337 profesionales; 118 técnicos; 150 administrativos, 5 auxiliares, en un período de cuatro años.
Según el proyecto original, se propone un aumento de 89 cargos el primer año, 137 el segundo; 244 el tercero y 349 el cuarto año. Sin embargo, tanto los senadores como el fiscal nacional, Ángel Valencia, plantearon modificar la gradualidad propuesta en el proyecto para que el aumento sea más significativo los primeros años de entrada en vigencia.
Lo anterior, considerando que con este incremento se busca contar con más personal para la tramitación de causas, reforzar las unidades especializadas existentes y las que se quieren crear; fortalecer la operación de sistemas de turno y flagrancia; y aumentar la cantidad de fiscales dedicados a la tramitación de causas en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal.
Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, este incremento permitiría llegar a una dotación de mil fiscales adjuntos.
Readecuación de la estructura
Asimismo, el proyecto considera cambios en la estructura del Ministerio Público, entre los que se cuenta la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal; la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos una vez concluido su período; la entrega de asignación profesional para administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos necesarios; la reestructuración de divisiones funcionales; y el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales para los fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
