Este martes, marcado por la muerte del expresidente Patricio Aylwin, la Cámara de Diputados votó la llamada Agenda Corta Antidelincuencia provocando un nuevo revés para los proyectos impulsado por el ministro del Interior, Jorge Burgos (DC) que suma una nueva derrota, más aún cuando la bancada del PS ya anunció –incluso- acudir al Tribunal Constitucional si el ejecutivo persiste en las polémicas normas como son la detención por sospecha y las filtraciones o Ley Mordaza.
La Cámara de Diputados analizó y votó, en una extensa jornada, las modificaciones del Senado al proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, más conocido como la Agenda Corta Antidelincuencia.
Revés para Burgos
Entre las materias rechazadas está el control preventivo de identidad (56 votos en contra, 55 a favor y 2 abstenciones); que definía su procedencia para mayores de 14 años en la vía pública, otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público.
También se rechazó la sanción para los funcionarios públicos, peritos y las personas que accedieran a la investigación judicial que rompieran la reserva respecto de estas diligencias (se rechazó por 86 votos en contra y 27 abstenciones).
Otra materia rechazada fue la sanción que se establecía para el maltrato a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, aún cuando no hubiera señal visible de este maltrato.
Asimismo, no se aprobó el aumento de penas pata el robo calificado cuando es con castración, mutilación y lesiones graves gravísimas y lesiones graves (recibió 61 votos en contra, 48 a favor y 1 abstención).
Tampoco se aprobó una nueva falta relativa a obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales (65 votos en contra y 43 a favor).
Otro punto rechazado fue la eliminación la referencia a la Ley Zamudio incorporada por la Cámara en el control de identidad (53 en contra, 54 a favor y 3 abstenciones); la citación, registro y detención en casos de flagrancia, que habilitaba habilita para detener a quien obstaculizara o impidiera la labor de los inspectores municipales (62 en contra, 48 a favor y 2 abstenciones); la posibilidad de rendir prueba anticipada en ausencia del imputado cuando este haya sido válidamente emplazado y no concurra (76 en contra y 36 abstenciones); y el procedimiento abreviado, que aumentaba la pena respecto de la cual el fiscal podía requerir el abreviado de 5 a 10 años (59 en contra 47 a favor y 7 abstenciones).
Lo que viene
Las enmiendas rechazadas irán ahora a una Comisión Mixta, que por parte de la Cámara integrarán los diputados Arturo Squella (UDI), Matías Walker (DC), Gonzalo Fuenzalida (RN), Leonardo Soto (PS) y Guillermo Ceroni (PPD).
Ls ministra de Justicia salió al paso de este evidente revés señalando que no había ninguna derrota porque ahora el tema vuelve a una Comisión Mixta, pero lo que no contó la minsitra Javiera Blanco, es que se viene una intensa negociación donde la bancada del PS no está dispuesta a aprobar todo tal como está.
Habrá que ver cuando «crédito» le queda al ministro Jorge Burgos para sacar adelante las medidas que -según dicen en el Congreso- son clara inspiración de él.
El detente del PS
El jefe de la bancada socialista, diputado Juan Luis Castro fue tajante: “Se ha dado una sorpresa, ya que creían que tenían los votos para aprobar el control preventivo y, por eso, no se abrieron a negociar. Pese a ello, ha triunfado la convicción de la mayoría de los parlamentarios oficialistas. Por eso, ha llegado la hora de que exista una definición, pero desde ya, advertimos que si se insiste en este punto y se aprueban en la Comisión Mixta, la Bancada Socialista concurrirá al Tribunal Constitucional”.
“Nos parece lamentable que el Ministro del Interior haya insistido en este proyecto con el apoyo de la derecha. Sin embargo, con este rechazo y el tramite en la Comisión Mixta se abre una posibilidad para terminar con este dialogo de sordos y corregir esta discrepancia. Nosotros creemos que cualquier norma debe tener estándares democráticos y normas que funcionen. Tal como venía esta norma tenía defectos técnicos y democráticos”, comentó el diputado Leonardo Soto miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
