Este miércoles, el gobierno publicó el acta de la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, efectuada el pasado 5 de febrero en La Moneda.
El documento fue dado a conocer en forma íntegra en el sitio de la Dirección de Prensa de la Presidencia y en él se detalla la discusión sostenida por las diferentes autoridades participantes sobre lo que aquella misma jornada el Mandatario explicó como «la amenaza a la seguridad nacional, que en nuestra opinión representa la delincuencia y en particular el crimen organizado”.
Así, en el acta se resalta que el Jefe de Estado «destacó que esta unidad de esfuerzos es necesaria para afrontar el desafío del crimen organizado y el aumento de los delitos violentos. Por ello, planteó que haciendo uso de sus facultades constitucionales contempladas en los artículos 106 y 107 de la Constitución, ha citado a esta sesión para recibir sus opiniones acerca de la implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica y otras materias vinculadas a la seguridad nacional, con la mirada puesta en la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes de nuestra patria».
En tanto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, resaltó que «el Honorable Congreso Nacional, en virtud de un acuerdo político, ha impulsado una agenda legislativa priorizada sobre temas de seguridad, puesto que se requiere mejorar leyes e instituciones«, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, planteó «a modo personal y no necesariamente representando al Pleno de la Corte, que es necesario innovar en estas materias relacionadas con el combate del crimen organizado y que no basta con hacer lo mismo que siempre se ha hecho si no queremos ser sobrepasados por la delincuencia».
Por su parte el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, señaló que «es necesario analizar las amenazas a la seguridad nacional con una perspectiva más amplia, ya que se requiere tomar decisiones que van mucho más allá que del proyecto de ley actualmente en discusión. Asimismo, planteó que es necesario actuar con sentido de urgencia. Es necesario tener una cierta visión de largo plazo en vez de reaccionar a la contingencia».
Observaciones de las FF.AA. y policías
El Comandante en Jefe del Ejército, General Javier Iturriaga, fue el primero de las máximos jefes de las instituciones de la Defensa Nacional en tomar la palabra, haciendo hincapié en que «resguardar infraestructura crítica se vincula con temas de orden público y requiere definir la forma en que serán empleadas las Fuerzas Armadas, es decir, si estas estarán destinadas a proteger infraestructura o a cargo del orden público», frente a lo cual adelantó que en el primer caso «tienen plena capacidad pues ya desarrollan labores de este tipo para sus propias instalaciones. Sin embargo, señala que este aporte no será sustancial porque es infraestructura que hoy cuenta con seguridad privada».
Para el segundo caso, sin embargo, advirtió que se trata de «tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado».
Por otra parte, «destacó que sus razones para oponerse a involucrar a las Fuerzas Armadas en materias de orden público no dicen relación de modo alguno con el amor que estas profesan a la Patria, sino que se debe a dudas razonables sobre la estructura de mando en esas tareas«.
Junto con compartir parte de las aprensiones, y complementando lo anterior, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés de la Maza, señaló que «han hecho llegar a la Ministra de Defensa una propuesta para modificar la forma de juzgar estas materias, reformando la Justicia Militar para establecerla como la sede para juzgar los delitos en los que sean imputados a militares con ocasión del ejercicio de sus funciones».
Además, resaltó «la colaboración que actualmente presta la policía marítima en el gran borde costero de nuestro país», pero subrayó especialmente «los problemas que identifica para poder implementar el copamiento del Estado. Así, planteó que se cuenta con pocos recursos humanos, por lo que es necesario reforzar la tecnología y las capacidades estratégicas. Para ello pide que se puedan explorar formas alternativas de financiamiento«.
Esta iniciativa fue secundada por el General Iturriaga, «quien a su vez destacó la importancia de potenciar el servicio militar y hacerlo más atractivo para los y las jóvenes, mostrándolo como una posibilidad de seguir una carrera profesional o técnica profesional».
A su vez, el máximo jefe de la Fuerza Aérea, General Hugo Rodríguez, indicó que, «luego de estudiar lo presentado en el proyecto de ley para la protección de la infraestructura crítica, ha identificado que hay definiciones pendientes sobre qué involucra la protección de la infraestructura crítica. En particular señala que le preocupa que se defina claramente el “objetivo de ingreso” y “efecto operacional” buscado con la intervención de las Fuerzas Armadas».
Posteriormente, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, comentó, «en relación a los problemas de seguridad y el avance del crimen organizado, destaca que como país no nos falta voluntad sino una visión sistémica y que, en ese sentido, la creación del Ministerio de Seguridad y Prevención del Delito será un aporte», destacando también «la necesidad de incorporar a diferentes instituciones y de tecnificar las formas de análisis y persecución que llevan a cabo nuestras policías».
Finalmente, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz, señaló que «es necesario definir qué debe entenderse comprendido por el concepto de infraestructura crítica, para ver luego de qué forma se puede proteger. Así también destacó que es necesario que las Fuerzas Armadas tengan claridad sobre sus funciones y reglas de uso de la fuerza, para poder saber cómo y cuándo reaccionar y no caer en una inactividad que implique perder el respeto de la población«.
En eso último, propuso «mirar experiencia internacional, destacando el rol que cumple en España el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, CNPIC, que depende de una institución similar a la Subsecretaría del Interior».
Dificultades para desplegar a las FFAA en grandes ciudades
La Ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo especial hincapié en que, «dadas las dificultades de instalar estados de excepción en grandes ciudades, deben explorarse nuevas formas de colaboración entre policías y militares y que se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas tengan una protección disuasiva adicional. Ello permitirá concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad. Como ejemplos de perímetros de infraestructura crítica a resguardar, la Ministra mencionó la Estación Intermodal de La Cisterna, y la Estación Central y terminales de buses».
En esta misma línea, la ministra de Defensa, Maya Fernández, estuvo de acuerdo «con opiniones anteriores respecto de las dificultades de implementar un estado de excepción en ciudades y en la Región Metropolitana, y considera relevante revisar experiencias positivas de colaboración entre policías y Fuerzas Armadas como son, por ejemplo, los procesos eleccionarios«.
A su vez, el subsecretario de Defensa, Ricardo Fernández, hizo uso de la palabra para referirse a dos puntos específicos. Por una parte, destacó sobre el proyecto de infraestructura crítica que «hoy las herramientas son claras respecto de su alcance. El artículo 101 de la Constitución Política de la República establece las funciones permanentes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Asimismo, se refiere a la colaboración en elecciones y plebiscitos, y en Estados de Excepción por Emergencias y Calamidad. Por último, está la nueva atribución contenida en el artículo 32 Nº 21 que permite que las Fuerzas Armadas puedan ayudar en áreas que hoy no es posible abarcar solamente con las capacidades de las policías«.
