Tras divulgarse este jueves el informe que Contraloría envió a la la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagó irregularidades en la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social, junto a la serie de declaraciones de autoridades de Gobierno, y también procedentes de la oposición sobre el tema, desde el Palacio de La Moneda se conocieron una serie de antecedentes y precisiones en relación a las cifras, disposiciones y recomendaciones contenidas en dicho documento.

Es así que se estableció un total de 418 beneficiarios de pensiones de gracia, que incluye a las concedidas por los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric en 2022.

De dicho total, 148 corresponden a la administración anterior entre los meses de enero y febrero de 2022, y los 270 restantes al actual Gobierno.

Del total de 69 personas con antecedentes penales verificados y consignados en el Registro Civil, 21 corresponden al Gobierno de Piñera y 48 al de Boric. Se trata de una cifra mayor que lo que entrega Contraloría y la diferencia se debe, según acotaron fuentes de Palacio, a que Contraloría se basó en una muestra y el Gobierno tomó la cifra completa.

Siempre desde La Moneda, se aclaró que el Presidente Boric, antes de partir a sus vacaciones, dejó todo el tema adelantado, considerando que las medidas de revisión ya las había adelantado hace un par de semanas. Asimismo, y tal y como lo aclaró esta tarde la ministra del Interior Carolina Tohá, el Mandatario ya firmó el primer decreto para dejar sin efecto la pensión de gracia. Esto a una persona condenada por el delito de reproducción de material de pornografía infantil.

En este contexto, junto con detallar que a la vuelta de su descanso el Presidente tendrá listos toda la información de las 69 personas con antecedentes penales para que tome la decisión final en torno a cada uno de estos casos, se adelantó que en 17 casos probablemente la pensión de gracia quede sin efecto (4 de ellos concedidos bajo la presidencia de Piñera y otros 13 en la de Boric). Se hizo hincapié en que ninguna de las personas involucradas en casos de pornografía infantil sufrió un caso de afectación grave (por ejemplo, trauma ocular).

Como mencionó INFOGATE.CL previamente, parte importante de los antecedentes faltantes o incompletos corresponde a antecedentes médicos (por ejemplo, que aclaren en detalle las lesiones sufridas) o penales en detalle. En este punto, las fuentes de Palacio coinciden con la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve en que la legislación vigente «nunca se exigió antecedentes penales. Pero ahora, (el Ministerio del) Interior está obligado a cumplir el requerimiento de Contraloría, y en ese marco se solicita la información a INDH«.

Por otra parte, en La Moneda aclaran que Contraloría sacó hoy dictamen en el que establecen claramente que el Gobierno tiene la potestad administrativa para dejar sin efecto concesión de beneficio, tomando entre los precedentes para ello un caso ocurrido a finales del primer gobierno de Michelle Bachelet en 2010, y que en Interior manejaban también como antecedente al momento de invocar el uso de dicha potestad.

Contraloría en su informe hace observaciones tanto a la Subsecretaría del Interior, el INDH y la Comisión Asesora Presidencial. Asimismo, «dispuso instruir sumarios con un plazo de 60 días que puede establecer responsabilidades individuales».

En paralelo a ello, las fuentes recalcan que «al Gobierno le toca actualizar la legislación y la parte administrativa a la luz de este informe de Contraloría», recalcando que «el debate por lo penal está claro, y los 69 casos corresponden a responsabilidades de corte administrativa y no penal en ambos gobiernos».

Sobre las medidas a las que se comprometió interior, estas pasan por «el sumario, modificar el procedimiento, lo cual ya ha ocurrido y Contraloría dio acuse de recibo, pero mantiene la observación con el fin de hacerle seguimiento. Esto además de medidas complementarias administrativas y legislativas«.

Sobre esto último, «el subsecretario Monsalve va a estar conversando con todas la bancadas de todos los partidos para sacar adelante el proyecto en el Congreso».

Y finalmente, desde Palacio se hizo especial recalque en que las modificaciones que se hagan a los procedimientos de evaluación, otorgamiento y dejar si efecto a las pensiones de gracia tendrán un efecto en todo el universo de las mismas concedidas bajo diferentes causales en años y gobiernos previos, con el fin de adecuarlas a los nuevos cursos administrativos y legales que surjan de la actual situación.