Este 24 de enero se pondrán a prueba las medidas de seguridad instauradas por el gobierno de Javier Milei que prohíbe el corte de calles ante el llamado a Paro Nacional que –según información de Telam- desde las 12 la central sindical llevará adelante la huelga junto a ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), los movimientos sociales y distintas multisectoriales. Habrá movilizaciones en todo el país. Las centrales obreras y otros espacios ratificaron su total oposición a la sanción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley «Bases», a pesar de sus modificaciones, porque, afirmaron, «atentan contra los derechos laborales y todas las conquistas». «Se trata de un ataque salvaje que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y procura quitar derechos laborales y jubilatorios», dijeron las centrales, agregenado que «se trata de un ataque salvaje que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y procura quitar derechos laborales y jubilatorios».
Este Paro, es apoyado por organizaciones de trabajadores internacional como la Confederación General del Trabajo CGT española que a través de un comunicado aseguran:
«La Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT apoya el paro nacional convocado por las principales fuerzas sindicales argentinas y apoyada por los movimientos sociales del país, una respuesta imprescindible para tumbar el plan de ajuste y el recorte de libertades del gobierno Milei. La aplicación del feroz programa de ajuste ha provocado una huelga de 12 horas y movilizaciones en las calles de toda Argentina como consecuencia de unas medidas que públicamente hacen apología de la desigualdad y la injusticia social. Si el DNU que deroga más de 300 leyes y fulmina cientos de derechos no era suficiente, el presidente Javier Milei envió al Congreso el «Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», conocido como ley ómnibus, que contempla la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión de la movilidad jubilatoria, la elevación de las penas contra manifestantes, la permisividad para el «gatillo fácil» policial, la transformación del sistema electoral, la flexibilización de las normas ambientales y una lesiva reforma del sistema educativo».
