El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó que los camioneros continúen con el paro y entorpecimiento de carreteras a pesar de lograr acuerdos con distintos gremios del transporte, por lo que no descartó usar todas las herramientas que el estado de derecho le otorga, entre ellas la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
Monsalve explicó que se han sostenido reuniones y se han establecido acuerdos en las negociaciones que se realizaron en el marco de las movilizaciones, afirmando que el paro “no es contra el Gobierno, es un paro que agrede a los chilenos y chilenas”.
“No hay fundamento para que el paro de Carabineros continúe. Menos fundamento hay para que quienes estuvieron sentados en la mesa, estuvieron horas conversando y alcanzaron un acuerdo, después desistan del acuerdo, como es el caso de la Confederación Nacional del Transporte de Carga”, precisó.
El subsecretario dijo que durante esta movilización no pudieron llegar las viviendas de emergencia que estaba destinadas a ser entregadas a las familias que habían perdido sus hogares en un incendio, añadiendo que “hoy día hay dificultades para los chilenos y chilenas para llegar a la atención médica, a sus trabajos, se altera la vida del país”.
Monsalve explicó la magnitud del acuerdo que se logró para terminar con la movilización, indicando que “se ha planteado que el Gobierno tome medidas respecto al alza de los combustibles (…) y lo primero que se comprometió es que el Gobierno disponía de US$500 millones para complementar el fondo del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco)”.
“Cuando recibimos el Gobierno había dispuesto US$750 millones para el Mepco, para estabilizar el precio de los combustibles y este gobierno lo llevó a US$3.000 millones y sobre esos US$3.000 millones el Gobierno ha comprometido US$1.500 millones más para que el Mepco pueda seguir operando”, señaló.
Aclaró que un segundo punto del acuerdo que se comprometió el Ejecutivo con los camioneros fue el congelamiento del precio del diésel por tres meses, lo que “tiene un costo fiscal de US$1.500 millones adicionales. Si sumamos solo estas dos medidas, estamos hablando de un costo fiscal de US$6.000 millones”.
En ese sentido, aseguró que lo puesto en la mesa de negociaciones con los camioneros es comparable con el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
“Si sumamos solo estas dos medidas, estamos hablando de un costo fiscal de 6.000 millones de dólares. Hoy un poco más de dos millones de chilenos reciben una PGU, eso le cuesta al Estado US$6.800 millones al año. El esfuerzo que se está haciendo para paliar el alza de los combustibles es de igual magnitud fiscal que el pago de la PGU a más de 2 millones de chilenos”, mencionó.
Finalmente, Monsalve dijo que “como esto afecta la vida de los chilenos y como lo hemos dicho en todas las situaciones desde que se inició el Gobierno, el Gobierno va a ocupar todas las herramientas que le da el Estado de derecho para proteger el normal funcionamiento del país”.
“Si eso implica usar la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno va a usar la Ley de Seguridad del Estado”, remató.
