Es sabido que la derecha se encuentra en una encrucijada tras la derrota en el Plebiscito de entrada de 2021 y la debacle mostrada en las elecciones de constituyentes, a lo cual se suma la derrota presidencial a manos de Gabriel Boric y el Frente Amplio, ya que no sabe cómo encarar su rol como oposición y recurre a una vieja estrategia ya usada en tiempos pretéritos que es el de culpar de todos los males que ocurren en el país a la izquierda y, especialmente, al Partido Comunista, rememorando épocas pasadas cuando el mundo estaba dividido entre “Occidente” y “Oriente” pero lo peor de la centroderecha es que no tienen liderazgo alguno y los parlamentarios -sobre todo RN- se han transformado en una suerte de pandilla cazacomunistas y pero aún, todo lo que huela a izquierda para ellos es el comunismo más ortodoxo, lo que sin duda en nada ayuda al necesario diálogo político.
El timonel de la UDI, Javier Macaya, afirmó este domingo que sobre el tema de seguridad en el país, el Gobierno había desahuciado un acuerdo transversal porque se encuentra capturado por la “extrema izquierda” y el “PC”.
“El Gobierno desahució cualquier posibilidad de acuerdo en seguridad por su incapacidad de conducir al país en esta materia. Está preso de sus contradicciones, porque cuando tú llamas a un acuerdo en seguridad y al día siguiente planteas que en Chile hay presos políticos por parte de sus ministras, y al subsiguiente de que le va a poner urgencia al tema del indulto, significa que están absolutamente capturados por su extremo izquierdo y el PC”, explicó.
Las críticas de la derecha hacia el Gobierno no han cesado desde que asumió el 11 de marzo pasado, incluso han cuestionado el Plan de Control de Armas con el que el Gobierno busca restringir el uso de armas de fuego entre civiles ante el avance que ha tenido la delincuencia y el narcotráfico.
Fue el senador Alejandro Kusanovic (RN) quien apuntó sus dardos contra La Moneda, indicando que “más que quitarle las armas a los ciudadanos honrados, hay que quitárselas a los delincuentes”.
“Lejos de acabar con la presencia de armamento en las calles, fomentará su uso entre los delincuentes”, afirmó.
A su vez, el timonel de RN y senador, Francisco Chahuán, le llamó la atención al mandatario, señalando que “vamos a presentar una querella en contra del señor Llaitul por Ley de Seguridad del Estado. Vamos a hacer la pega que usted no hace, Presidente. La pega hay que hacerla. Cuando alguien establece y genera una circunstancia amenazando con una insurgencia armada, lo que le pedimos al Presidente es que proteja a los chilenos. Usted Presidente está mirando para al lado, no está haciendo la pega”.
En tanto, el jefe de bancada de RN, Andrés Longton, cuestionó la decisión del Gobierno de sacar de su cargo como jefe de la Defensa Nacional en Arauco y el Biobío al contraalmirante Jorge Parga, indicando que “este Gobierno no tiene idea de lo que es el Estado de Excepción. Después de un par de días de haber nombrado al jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, Jorge Parga, lo saca del carro, porque supuestamente el delegado presidencial no se llevaba bien con él… Pero dónde la vio Presidente Boric, sí aquí, el Estado de Excepción Constitucional que usted firmó -no sé con qué mano, si con la izquierda o la derecha- es para designar un mando militar a cargo de la zona, porque hay terrorismo y el terrorismo no lo va a aplacar su delegado presidencial. No señor. Lo van a aplacar las Fuerzas Armadas con el poder bélico que tiene y que tiene que ser superior al poder bélico de los terroristas. Entienda eso de una vez por todas”.
A estas críticas se sumaron los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Henry Leal, quienes apuntaron a que “las Fuerzas Armadas tienen que salir fortalecidas a combatir a los grupos delictuales y narcoterroristas que operan en la Macrozona Sur. Y por supuesto que siempre lo tienen que hacer apegados a la ley, pero también es necesario que sientan detrás de ellos un respaldo político de parte de las actuales autoridades. Por eso esta decisión del Gobierno de remover al Jefe de la Defensa es bastante grave, porque indirectamente incita a los violentistas a seguir actuando a su propia manera, poniendo en riesgo a cientos de efectivos de las FF.AA”.
Uno de los que ha sido más crítico al Gobierno y su actuar es el diputado RN, Miguel Mellado, quien ha cuestionado la tardanza del Ejecutivo para aplicar el estado de excepción en la macrozona sur, apuntando a que “el diablo metió la cola en esto y el diablo tiene nombre y apellido, se llama Guillermo Tellier, del Partido Comunista, que no permitió que hubiera un estado intermedio. Hizo que el Presidente Boric colocara un Estado de Excepción descafeinado, un Estado de Excepción acotado. No sabemos si la Contraloría permitirá ese decreto, porque el Estado de Excepción de Emergencia tiene dos componentes: restringe la reunión con toque de queda y restringe movilidad. y el Gobierno junto al PC, quieren que se restrinja la movilidad en las carreteras para ir contra los camioneros de Chile y no contra los terroristas. Este gobierno sólo quiere evitar que camioneros protesten por su vida. Acá algo que huele muy mal. El PC no quiere que se entre al supuesto «territorio mapuche». ¿Cuál es el territorio mapuche? Si vivimos un millón 100 mil chilenos en La Araucanía, de los cuales 314 mil son mapuches y los mapuche no están en esto, los terroristas sí”.
Incluso, Chahuán también hizo extensivo la crítica por el tema de la macrozona sur y el lunes pasado afirmaba, tras la decisión del Gobierno de aplicar un estado de excepción acotado, que “el Gobierno nuevamente nos muestra que no tiene una voluntad real en ocuparse del tema de seguridad y nuevamente sucumbe ante el Partido Comunista. Hoy Guillermo Teilleir, presidente del PC, ponía condiciones al rol de los militares y hablaba de un estado de excepción acotado. Horas después el Gobierno sale haciendo el anuncio pauteado por el Partido Comunista”.
Desde que Boric asumió el poder aquel 11 de marzo, la derecha no ha cesado en apuntar sus dardos en contra del Ejecutivo y del PC, partido al que responsabilizan de la demora en las decisiones del Gobierno en materias de seguridad tanto en la macrozona sur como en la lucha contra la delincuencia en todo el país.
