Cuando se publicó el reportaje de Que Pasa donde se detallaba el ir y venir de correos electrónicos entre Pablo Longueira y el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, en medio de la tramitación del royalty , la Fiscalía se ha enfocado en indagar las actividades del ex ministro de Economía y su entorno, en los años anteriores. El Ministerio Público busca aclarar el aporte de $730 millones de SQM a sus cercanos y despejar si tiene que ver con Chile Justo, una de las fundaciones de Longueira.
Como los ojos se han puesto sobre esta entidad, que sirvió como plataforma de campaña del ex senador UDI, las dudas sobre el verdadero rol de Chile Justo se acrecientan. Su sitio web ya no está operativa, sus estudios y trabajos se desconocen y tampoco figuran en las memorias y balances que ésta debe entregar cada año al Ministerio de Justicia. Revista Qué Pasa accedió vía ley de Transparencia a estos registros entre 2010 y 2013.
Qué Pasa indica que además de su reducida extensión (una hoja por año), que contrasta con los que hacen otras fundaciones (con veinte carillas o más), en los escuálidos archivos de esta organización sólo entregan generalidades de lo que habrían realizado, a diferencia de otras fundaciones, que exponen en detalle sus directorios, los seminarios, publicaciones, premiaciones, entre otras actividades.
En la sección Ojo de la llave de esta revista, se explica que por ejemplo, tanto el informe de 2010 como el de 2011 del organismo comienzan exactamente con el mismo párrafo, que señala: «El Ministerio de Justicia concedió la personalidad jurídica a la Fundación Chile Justo mediante decreto supremo n°2646 del 21 de agosto de 2006».
En 2010, anotan en tres línes de la memoria que se hizo un “seguimiento de políticas públicas en diversas áreas”, sin detallar cuáles fueron éstas, ni quiénes estuvieron a cargo de esa labor. Y agrega que se creó un equipo “con capacidades e intereses necesarios”, sin especificar cuáles eran estos, y un “un método de trabajo”, sin explicar cuál es éste, para “la realidad de la fundación”, que tampoco se expone… y así en el total de las declaraciones.
En 2011, por ejemplo, se aduce que «se continuó con el seguimiento de políticas públicas», agregando al año siguiente que «se abocó a la preparación de diversos estudios en el área de políticas públicas», frase que se repite en 2013. Vale decir, en los cuatro años de los informes revisados, se planteó el objetivo de realizar investigaciones que no estarían disponibles. Tampoco se detalla si se efectuaron o no, y de ser así, si se terminaron. No hay publicaciones.
Qué pasa agrega que otro punto que habla de la escasa información que contienen estos archivos apunta a los canales de difusión de contenidos. Así, en 2011 se señala que se «iniciarán investigaciones tendientes a buscar las mejores plataformas de difusión de estudios llevados a cabo por la Fundación». Al año siguiente, se describe que «se iniciaron» estas investigaciones para dar con la mejor vía de comunicación. Sin embargo, en 2013 aún no se lograba encontrar esa fórmula, puesto que se consignó que «se siguió con las investigaciones tendientes a buscar plataformas alternativas de difusión».
Longueira y dos colaboradores más cercanos que también están en la mira de la Fiscalía, Cristián Leay y Carmen Luz Valdivieso – ex jefa de gabinete-, firmaron estos documentos.
