Continúan las reacciones contrarias a la determinación del Ejecutivo de ordenar el retorno progresivo de los empleados públicos a sus puestos de trabajo en este mes.
Y fue el propio Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud quien efectuó una dura declaración, indicando que «el Consejo no fue consultado previamente a la emisión del mencionado decreto».
Precisa que «concordamos en la necesidad que loa servicios público cuenten con un plan para el retorno gradual a las actividades presenciales y lo esencial del trabajo de las entidades públicas para el funcionamiento de nuestro sociedad, así como para la respuesta a la pandemia. Sin embargo, nos parece contradictorio que el decreto establezca que este retorno gradual se deba llevar a cabo en tan breve plazo, durante el mes de abril, y en un mismo tiempo para todo el territorio nacional«.
Además, junto con recordar que la estrategia del Gobierno se sustenta en análisis caso a caso, «considerando la situación epidemiológica, la suficiencia de la red asistencial y la condición de vulnerabilidad de las distintas comunidades». Ante eso, la declaración señala que «en este contexto, parece necesario que las autoridades firmantes de dicho decreto otorguen la flexibilidad necesaria a las distintas reparticiones públicas para que se mantengan las condiciones de teletrabajo y se reincorpore el trabajo presencial de manera gradual y en armonía con las medidas de contención comunitaria que ha decretado el Ministerio de Salud»
Quejas transversales
En el mundo político las críticas no han parado de sumarse al malestar general.
Así, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, salió al ruedo declarando que “me parece que es un riesgo innecesario hacer volver a los funcionarios públicos. Tenemos una crisis económica enorme, no hay duda de eso, pero no vamos a solucionar la crisis económica y podemos agravar la crisis sanitaria. Es un error, no estoy de acuerdo. Se está corriendo un riesgo demasiado alto y los resultados no creo que sean suficientes como para justificar esto”.
En tanto, y por medio de una declaración pública, el Partido Radical (PR) exigió “dejar sin efecto la medida”, añadiendo en el documento que “Exigimos al gobierno dejar sin efecto esta medida. No existen hoy las condiciones sanitarias que garanticen que las y los funcionarios públicos -y las personas que concurran a los servicios a realizar sus trámites de forma presencial- puedan desarrollar sus funciones sin riesgo de contagiarse de un virus potencialmente letal, para el cual aún no hay cura. Reiniciar sus labores en medio de esta incertidumbre es jugar al azar con la salud de los servidores públicos”.
También, el PR pidió «que el Ministerio de Salud informe públicamente cuáles son los argumentos científicos, epidemiológicos y de seguridad sanitaria tenidos en cuenta para tomar esta decisión. La ciudadanía tiene derecho a conocer en detalle en qué antecedentes objetivos se fundan las decisiones que toma el Gobierno de Chile.
A su vez, el senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, se sumó a las críticas, y catalogó la decisión como causante para una nueva acusación constitucional contra el Mandatario.
En este sentido, el parlamentario progresista declaró que “el presidente Piñera ha tomado una decisión, ha decretado el regreso de 350 mil funcionarios públicos al trabajo. Esto viola la carta fundamental, la Constitución en su articulo 19 número 1, el derecho a la vida, el derecho a la salud y por eso, el presidente arriesga una acusación constitucional”.
“La decisión de Piñera carece de toda lógica y validez, toda vez que las instrucciones de la autoridad sanitaria, local e internacional insisten en fortalecer el confinamiento en los hogares. La única respuesta del Congreso a esta decisión criminal es una acusación constitucional y ello depende de la Cámara de Diputados”, insistió el parlamentario.
ANEF intentará evitar el retorno
A su vez, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) señaló rechazar esta medida y que intentará evitar el regreso a sus funciones de sus afiliados.
“La ANEF realizará todas las acciones necesarias para evitar esta instrucción irresponsable. Por eso llamamos a las y los dirigentes sindicales que informen a sus afiliados que nadie debe exponer la salud y, en particular, le decimos al gobierno que sea responsable y evite el contagio y propagación de este virus mortal”, indicó José Pérez, presidente de la ANEF.
Gobierno insiste en la medida
Por su parte, el Gobierno salió a defender la medida este sábado, a través de la vocera Karla Rubilar, en especial de cara a los propios funcionarios públicos.
La titular del Segegob destacó, a través de una videodeclaración, la acción de los funcionarios de la salud, como también quienes trabajan en los servicios básicos, recolección de basura, en supermercados y farmacias, policías y Fuerzas Armadas.
En este sentido señaló que “es por eso que en estos minutos tan difíciles, estamos pidiendo que aparezca la primera línea del Estado para ayudar a los que más lo necesitan, para los que muchas veces son invisibles, a los privados de libertad, a nuestros niños del Sename, a los adultos mayores (…) necesitamos que aparezca el Estado”
“Le estamos pidiendo a los funcionarios públicos que vuelvan, pero no a todos, y de forma muy gradual y cuidando la situación sanitaria en la que están trabajando”.
“Queremos que las personas que pueden trabajar de forma presencial vuelvan a atender a los que más lo necesitan, pero vamos a mantener en sus casas a nuestros adultos mayores, a las mujeres embarazadas y quienes tengan enfermedades crónicas porque a ellos los tenemos que cuidar”, agregó Rubilar.
Finalmente, dijo que “cuando nos preguntamos cuando se necesita al Estado, cuál es el rol, hoy el momento de que salgan los funcionarios públicos. Sabemos que tú funcionario público te preparaste todas tu vida para este momento”.
